El Gobierno de España envía refuerzos policiales a Cataluña

por Paul Mitchell
26 septiembre 2017

El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que están siendo enviados refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña antes del referéndum de independencia del 1 de octubre.

En una carta dirigida a su homólogo regional catalán, Joaquím Forn, Zoido declaró que se necesitaban oficiales adicionales “en apoyo de los Mossos d'Esquadra”, la policía regional catalana, para “el mantenimiento del orden” tras las “ movilizaciones tumultuarias” que estallaron después la detención el miércoles de funcionarios y empresarios catalanes involucrados en la preparación del referéndum. Los detenidos enfrentan posibles condenas de 15 años por “sedición”.

Tres barcos están atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona para proporcionar alojamiento a las fuerzas policiales, aunque los portuarios se han negado a suministrarlas.

Sin embargo, detrás del anuncio de Zoido, hay temores de que los Mossos d'Esquadra no sean lo suficientemente confiables y que sea necesario igualar su número, unos 16 000 oficiales.

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sido acusado de transmitir órdenes de Madrid a sus subordinados con falta de entusiasmo o claridad. El jueves, funcionarios del PP acusaron de “pasividad” a la fuerza policial catalana, cuando manifestantes impidieron que los guardias civiles tomasen incitadoramente y sin una orden de búsqueda la sede del partido de pseudoizquierda CUP y sitiaron a los que realizaban búsquedas de la Consellería de Economía de Cataluña.

Un editorial en El País criticó a los Mossos d'Esquadra por no actuar contra aquellos en la perpetración de crímenes. Otros periódicos advirtieron que el gobierno podría llegar a poner a la policía catalana bajo el control directo del Ministerio del Interior o disolverla por completo.

En cuanto a invocar el artículo 155 de la Constitución española, el Gobierno del PP, según El Español, “ha decidido finalmente aparcarlo, que no descartarlo”. Esta medida le permitiría suspender la autonomía y asumir las funciones del Gobierno catalán. El periódico criticó la decisión y se quejó acerbamente: “Si [el primer ministro del PP Mariano] Rajoy sigue actuando como mero observador, el Estado continuará yendo a remolque de los golpistas” –el término utilizado por Madrid para describir a quienes apoyan el referéndum—.

Por su parte, Rajoy y el PP están dependiendo de operaciones policiales para impedir el referéndum. Se han incautado boletas electorales, carteles y casillas electorales, y han sido arrestados funcionarios y amenazados con multas de hasta 16.000 euros al día si continúan preparándose para la votación. Las finanzas públicas catalanas también han sido asumidas por Madrid.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado cargos de sedición contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural por la protesta que tuvo lugar el miércoles en Barcelona y otras localidades. Acusa a las dos principales organizaciones secesionistas de promover la violencia, cuando hay registro de que el líder del ANC, Jordi Sánchez, convocó a manifestaciones pacíficas.

El PP está atizando las acusaciones de violencia para justificar su deseo de más policías y más represión. “La CUP es un movimiento de origen anarquista, muy radical y de naturaleza violenta. Está muy alejado de la realidad de la sociedad catalana”, declaran. Este tipo de aseveraciones sólo le ayudan a la CUP, la cual se viste de colores pseudosocialistas mientras actúan como la infantería de los principales partidos burgueses catalanes, la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán) y el Partido Demócrata Europeo (PDeCAT).

El PP está tratando de dividir a los secesionistas al declarar que tan pronto como renuncien al referéndum del 1 de octubre, comenzarán a negociar nuevas reformas políticas y económicas. Hay indicadores de que el PP apoya la propuesta del PSOE, ya presentada ante el Congreso, de convocar una “comisión de revisión del modelo territorial” de España.

El ministro de Economía, Luis De Guindos, le dijo al Financial Times: “Una vez que abandonen los planes de independencia, podemos hablar... Cataluña ya tiene mucha autonomía, pero podríamos hablar de una reforma del sistema de financiación y otros asuntos”.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dicho que el Gobierno no debería esperar al 2 de octubre, sino empezar de inmediato. No obstante, el PSOE se ha negado a unirse a la iniciativa lanzada por Podemos de “parlamentarios europeos, estatales y autonómicos, así como alcaldes y concejales de todas las formaciones políticas, salvo PP y Ciudadanos”. La Diputación de Zaragoza, controlada por el PSOE, ha prohibido una asamblea programada para el domingo pasado de estas organizaciones e individuos, aunque los organizadores están tratando de celebrarlo en otro lugar.

Mientras tanto, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado que se llevará a cabo el referéndum y que el Gobierno catalán tiene “planes de contingencia”. Se ha publicado un mapa de las mesas de votación y se les ha notificado a unas 55 000 personas para manejarlas. Las organizaciones paraguas secesionistas, la Asamblea Nacional de Cataluña y el Òmnium Cultural han llamado a una “movilización permanente”.

Los acontecimientos en Cataluña también han tenido repercusiones en otras regiones autónomas. El jefe de Gobierno del País Vasco, Iñigo Urkullu, anunció el jueves una cercana “salida al laberinto político territorial” de España, “una redistribución de la soberanía del Estado” y discusiones sobre la idea de una “cosoberanía o soberanía compartida” confederal. Los congresistas del Partido Nacionalista Vasco de Urkullu, a quienes depende el Gobierno minoritario del PP para su supervivencia, se han negado a votar por los Presupuestos Generales, obligando su aplazamiento.

Pocos dirigentes de la Unión Europea se han pronunciado abiertamente sobre la crisis de Cataluña por miedo a agravar la crisis existencial del bloque regional, viéndose acosada por el brexit o salida británica de la UE y el auge del nacionalismo y el secesionismo. Esta semana, la líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, hizo causa común con los independentistas catalanes y pidió que el referéndum siga adelante. En Italia, se celebrarán el 22 de octubre dos referendos “consultivos” promovidos por la Liga Norte, con el apoyo de Forza Italia, sobre una mayor autonomía para las dos regiones más ricas del país, Lombardía y Véneto.

Un portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, resumió la línea oficial de la UE ante la cuestión catalana, describiéndola como un “asunto interno español”, pero indicando que le han indicado a Rajoy varias veces que el Gobierno alemán “tiene un gran interés en mantener la estabilidad en España”. El colíder alemán de los Verdes en el Parlamento Europeo, Ska Keller, fue más franco declarando: “Rajoy le ha puesto demasiado combustible al fuego, alimentando el debate independentista. Ha cometido un gran error”. Luego, les pidió a los otros líderes del PP a que lo presionen para “calmar las cosas”.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, criticó a los políticos catalanes por utilizar los comentarios que hizo la semana pasada de que Cataluña podría unirse a la UE después de alcanzar su independencia para dar a entender que apoyaba la secesión. Dijo que un Estado recién independizado sólo podrá unirse si el proceso se hizo de acuerdo con la ley constitucional del Estado miembro del que se separó.

Un editorial en el británico Guardian pidió tomar “un paso atrás del abismo”. Dijo que “todo lo que el primer ministro español, Mariano Rajoy, ha logrado por ser tan ajeno al sentimiento público en Cataluña es endurecer la opinión en la región y sacar a miles a las calles”.

“Si no se hace nada para llegar a un compromiso, un choque de trenes políticos amenaza al mayor Estado miembro meridional de la UE”, advirtió.

La revista The Economist declaró: “Si el estado de derecho ha de significar algo, la Constitución debe ser defendida. El Sr. Puigdemont debe, por lo tanto, alejarse de su imprudente referéndum... El Sr. Rajoy debería estar menos a la defensiva: ahora debería tratar de negociar un nuevo acuerdo con Cataluña, al mismo tiempo que debería ofrecer reescribir la Constitución para permitir referendos sobre una secesión, pero sólo con una clara mayoría y un alto índice de participación”.