Gobierno de El Salvador hace reverencia a Washington tras amenaza de deportar a 262.000 salvadoreños

por Andrea Lobo
12 enero 2018

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, realizó una conferencia de prensa el lunes junto a la embajadora de Estados Unidos, Jean E. Manes, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense anunciara la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 262.000 beneficiarios salvadoreños, quienes tendrán hasta septiembre del 2019 para abandonar el país o ser deportados.

“Hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas”, celebró Martínez al sonreírle a Manes. La embajada luego agregó sal a la herida distribuyendo folletos sobre cómo mudarse a El Salvador.

Por su parte, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, respondió al anuncio del DHS con un comunicado aplaudiendo la “extensión” de 18 meses. Cerén era el comandante general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cuando era un movimiento guerrillero nacionalista que luchaba contra la dictadura militar respaldada por Estados Unidos y sus escuadrones de la muerte anticomunistas en una guerra que dejó alrededor de 80.000 muertos, en su mayoría civiles, y convirtió a decenas de miles en refugiados que huyeron principalmente a Estados Unidos.

“El gobierno salvadoreño manifiesta su agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos”, indicó el comunicado.

En los 17 años de 1999 al 2016, Estados Unidos deportó a más de 244.000 salvadoreños, y la tasa de expulsiones se duplicó después de que se aprobara la Ley de Valla Segura del 2006 como una medida bipartidista, y aumentó aún más bajo el mandato de Obama. Los exdirigentes guerrilleros de El Salvador, habiéndose transformado en políticos burgueses que ahora gobiernan el país, están celebrando los 18 meses que un número similar de salvadoreños, quienes han vivido en EUA en muchos casos por décadas, criando a sus hijos allí, serán arrancados de sus hogares y expulsados a la fuerza.

Tan inclemente respuesta es reflejo del papel de liderazgo del FMLN como representantes de una élite nacional clientelar, cuya riqueza (Oxfam informó en 2015 que 160 millonarios controlaban una riqueza equivalente al 87 por ciento del producto interno bruto) se deriva principalmente de administrar el capital extranjero que explota al país como una plataforma de mano de obra barata.

Los trabajadores y jóvenes en El Salvador han reaccionado alarmados ante el anuncio de Washington, recordando deportaciones masivas previas, particularmente cuando las cúpulas de las maras formadas en los Estados Unidos, fueron expulsadas y terminaron tomando el control de áreas enteras de un Triángulo Norte devastado por las guerras civiles. Al mismo tiempo, dado que más del 80 por ciento de los salvadoreños con el TPS envían dinero a El Salvador, muchas familias temen perder una fuente importante de ingresos, mientras que otros también están preocupados por que aumente el desempleo.

Si bien el Gobierno del FMLN promete programas de colocación laboral y emprendedurismo para los beneficiarios del TPS una vez que llegan, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que tales “programas de reinserción” solo han alcanzado a 5.000 de los 39.000 salvadoreños deportados por Estados Unidos entre el 2016 y el 2017.

El Salvador tiene una de las tasas más altas de desempleo oficial en la región. Según la Comisión Económica para América Latina de la ONU, el 56,6 por ciento de los trabajadores empleados sufren de subempleo e inestabilidad laboral, y el 70 por ciento no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social.

Además, la mayoría de los trabajadores informan que sufren restricciones debido a la violencia. El número de homicidios del año pasado fue de 3.954, lo que convierte a El Salvador en el país más violento de la región, pese a significarse una reducción del 25 por ciento en comparación con el 2016. Mientras las autoridades apuntan a estas cifras para decir que su “mano dura” y la militarización respaldada por Estados Unidos “funcionan”, el promedio mensual de homicidios después de setiembre ha regresado a los niveles del 2014-2015, mientras que los puntos de mayor conflictividad simplemente han cambiado, particularmente hacia el oeste del país.

El baño de sangre perpetrado por las fuerzas estatales contra presuntos miembros de las maras se caracterizó en el 2016 por tener una proporción de muertos a heridos de 3 a 1 en enfrentamientos contra la policía. Ese año, la tasa de efectivos estatales a “objetivos” asesinados fue de 1 a 59. “Cuando hay cifras así”, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 2017, “se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecuciones”.

En agosto, Factum expuso una gran red –compuesta por oficiales de las Fuerzas Especiales de Reacción creadas por el Gobierno del FMLN en 2016 y algunos vigilantes civiles— que organiza ejecuciones extrajudiciales, ofrece servicios como sicarios, trafica armas, lleva a cabo violaciones a plena luz del día y extorsiona a las pandillas por sobornos. En conjunto, tales informes y datos muestran que el Gobierno salvadoreño es un régimen de escuadrones de la muerte que utiliza métodos brutales para reprimir a la juventud empobrecida del país e intimidar a la clase trabajadora en su conjunto.

Un editorial del diario salvadoreño El Faro advirtió el martes de la necesidad de “atajar un misil” y de una posible “emergencia nacional”. Sin embargo, al igual que la mayoría de la prensa salvadoreña y estadounidense, promueve ilusiones en los políticos estadounidenses que hayan expresado cierta oposición a la decisión del TPS de Trump y sugieren que se use el “período de gracia” de 18 meses para probar el camino “natural” de apelar al Congreso estadounidense. El artículo afirma que “el único responsable de esta medida es la administración xenófoba que hoy controla el poder Ejecutivo en Estados Unidos”.

En otras palabras, Trump es presentado como una anomalía en comparación con las administraciones anteriores y el resto de la élite política estadounidense. Por el contrario, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, el uso de las fuerzas armadas de México como una extensión de la patrulla fronteriza estadounidense, la militarización del Triángulo Norte y la criminalización de inmigrantes han sido políticas bipartidistas durante décadas en EUA. Además, el Partido Demócrata no ha mostrado ninguna inclinación a oponerse a las deportaciones masivas, sino que ha desviado la oposición a Trump detrás de sus campañas para atacar principios democráticos como la presunción de inocencia, un proceso legal debido y la libertad de expresión en el Internet, lo que ha hecho por medio de su promoción de escándalos sobre “conductas sexuales inapropiadas” y “noticias falsas”.

Un día después de que Trump anunciara sus planes de deportar a cientos de miles de salvadoreños, los líderes del Partido Demócrata bromeaban con el mandatario estadounidense y declararon que era un “honor” entablar negociaciones con él sobre inmigración. El senador demócrata Richard Durbin declaró: “Queremos una frontera segura en Estados Unidos, punto, tanto en lo que respecta a cuestiones de migración ilegal, como también en lo que respecta a las drogas y todas estas otras áreas”. Este programa bipartidista solo generará condiciones de vida aún más desesperados para los beneficiarios del TPS, el 88 por ciento de los salvadoreños que viven en Estados Unidos que no forman parte de este programa y los que viven en El Salvador.

Ya sea en Estados Unidos, México o América Central —siendo solo cuestión de tiempo para que los 57.000 tenedores hondureños del TPS escuchen la misma noticia—, la ofensiva antiinmigrante está siendo avanzada por todas las facciones de la clase dominante.

Solo una lucha unida de la clase trabajadora en todo el continente americano puede vencer la campaña de Estados Unidos y sus estados clientelares en América Central para destruir las vidas de cientos de miles de trabajadores inmigrantes y de sus familias.