El depuesto presidente regional catalán Carles Puigdemont es arrestado en Alemania

por Alejandro López
27 marzo 2018

Han surgido protestas masivas contra el arresto por parte de la policía alemana del expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont.

La orden de arresto fue solicitada por el gobierno del Partido Popular (PP) del presidente del gobierno Mariano Rajoy. Pero la represión del PP cuenta con el apoyo total de la oposición del Partido Socialista (PSOE). El líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo sobre el arresto de Puigdemont, “Vivimos en un estado social y democrático gobernado por el Estado de derecho en España y en Europa. Nadie está por encima de la ley. Nosotros respetamos las decisiones judiciales y apoyamos a nuestras fuerzas de seguridad”.

El arresto de Puigdemont, llevado a cabo sobre la base de una orden de detención europea emitida el viernes por el Tribunal Supremo de España, reunió a decenas de miles de personas en el centro de Barcelona el domingo. Entre gritos de “Puigdemont, nuestro presidente”, “Esta Europa es una vergüenza” y la exigencia de una huelga general, los manifestantes cortaron el carril de tráfico para vehículos que recorren la avenida principal de la ciudad en Las Ramblas y otras cuatro autopistas.

La Asamblea Nacional Catalana convocó una manifestación frente a la sede de la UE en Barcelona para marchar al consulado alemán. También se han convocado protestas en Girona, Lleida y Tarragona. Los manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios, lo que provocó numerosas lesiones.

Puigdemont lleva desde octubre viviendo en el exilio, cuando huyó a Bélgica junto con otros cuatro ministros regionales después de declarar la independencia catalana. En respuesta, el gobierno español del derechista Partido Popular invocó el Artículo 155 de la Constitución, disolvió el gobierno catalán, implementó el gobierno directo de Madrid e impuso elecciones anticipadas.

Temiendo las acusaciones de rebelión y de sedición que llevaron al encarcelamiento de tres diputados, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras (de Izquierda Republicana de Cataluña, ERC), Puigdemont permaneció en exilio autoimpuesto en Bélgica.

El viernes pasado, el juez de la Corte Suprema española Pablo Llarena reactivó una orden de arresto internacional para Puigdemont cuando visitaba Finlandia para conversar con legisladores. También encarceló sin fianza a cinco líderes del depuesto gobierno de Puigdemont mientras esperan juicio.

En total, 25 líderes catalanes serán juzgados por rebelión, malversación de fondos públicos o desobediencia al Estado. Las condenas pueden resultar en hasta 30 años de prisión.

Todo el caso se basa en argumentos espurios de que el movimiento secesionista catalán ha utilizado la violencia para lograr la independencia, justificando así el cargo de rebelión, que de acuerdo con el código penal español puede aplicarse solo a quienes “violenta y públicamente” intentan “abrogar, suspender, o modificar la Constitución, ya sea total o parcialmente”.

Según fuentes del periódico en línea eldiario.es, la operación policial que resultó en la detención de Puigdemont fue liderada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, en coordinación con la Oficina de Información General de la Policía Nacional. Según las mismas fuentes, los movimientos de Puigdemont han sido controlados en todo momento desde que salió de Bélgica.

Puigdemont se dirigía a Bélgica para entregarse a las autoridades judiciales, según su abogado en España, Jaume Alonso-Cuevillas, cuando fue interceptado. Según la revista de noticias alemana Focus, los servicios de inteligencia españoles informaron a la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) —responsable del terrorismo nacional e internacional— de que Puigdemont se estaba desplazando hacia la frontera alemana. La BKA luego informó a la Oficina de la Policía Criminal del Estado (LKA) de Schleswig-Holstein que detuvo a Puigdemont.

La decisión de arrestar a Puigdemont en Alemania es significativa. El Código Penal alemán castiga la alteración del orden constitucional y el intento de separarse de Alemania con una pena que puede llegar a la cadena perpetua. Esto se indica en el artículo 81 del Código Penal alemán, en la sección “Alta traición contra la Federación”, que establece: “Quienquiera que se comprometa, por la fuerza o por amenaza de fuerza, a socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania, o a cambiar el orden constitucional basado en la Ley Básica de la República Federal de Alemania, será condenado con cadena perpetua o por un período no menor de diez años”.

La ley alemana está más cerca de la ley española que los estatutos existentes en Bélgica, lo que facilita la transferencia de Puigdemont a España.

Según fuentes de El País, la policía había evaluado si solicitar su arresto en Finlandia o Dinamarca, pero esto “se descartó con la convicción de que el ex presidente regional continuaría su viaje por tierra a Alemania. Este país es considerado por España como uno de los estados de la UE con el que hay mejores relaciones de colaboración policial”.

En noviembre pasado, el gobierno alemán expresó su total apoyo a Madrid tras la detención de ocho ex ministros catalanes por su papel en la campaña de independencia de la región.

El portavoz del gobierno Steffen Seibert dijo a los periodistas: “Desde el punto de vista del gobierno federal, España es, por supuesto, un estado gobernado por el Estado de derecho y como portavoz del gobierno no veo ningún motivo para comentar las decisiones tomadas por los tribunales españoles. Continuamos apoyando la clara posición del primer ministro español Mariano Rajoy”, y agregó que “lo que es importante para nosotros es que se mantenga la unidad y el orden constitucional de España”.

El papel jugado por el gobierno alemán vuelve a exponer los esfuerzos políticamente en bancarrota de los nacionalistas catalanes para promover la ilusión de que la Unión Europea y sus Estados miembros intervendrían en la crisis catalana para preservar los “valores democráticos” negociando un acuerdo con el gobierno del Partido Popular en Madrid. En cambio, los líderes de la UE y del gobierno en Alemania, Gran Bretaña y Francia han respaldado reiteradamente al presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy, e insistieron en que él es la única persona con quien negociarán.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de marzo de 2018)