Proyecto de ley contra “noticias falsas” le otorga poderes irrestrictos de censura en línea al Estado francés

por Alex Lantier
9 junio 2018

El jueves, la Asamblea Nacional comenzó a debatir el proyecto de ley draconiano del presidente francés, Emmanuel Macron, que faculta al Estado para censurar el Internet durante los tres meses previos a cualquier elección nacional. El proyecto de ley marca un nuevo ataque a la libertad de expresión, en medio de una ola de amenazas a la libre navegación del Internet en todo el mundo con el pretexto de luchar contra "noticias falsas".

El proyecto de ley permitiría a los candidatos y partidos políticos llevar artículos y declaraciones en línea a los tribunales, donde los jueces podrían obligar a los proveedores de servicios de Internet a censurar el material que declaren como "noticia falsa". Debido a los amplios poderes del presidente francés para nombrar y controlar la promoción de altos magistrados, se reconoce ampliamente que el poder judicial francés depende del ejecutivo. Por lo tanto, el proyecto de ley otorga un enorme poder, a través del Internet, al presidente.

El proyecto de ley no define las "noticias falsas" como información que es falsa, sino como "cualquier alegación o implicación de un hecho sin proporcionar información verificable que lo haga plausible".

Esta definición antidemocrática plantea enormes peligros para el periodismo auténtico y la actividad política, ya que elimina cualquier obligación del Estado para probar que una declaración es, de hecho, falsa y perjudicial antes de tomar medidas legales para reprimirla. Permite a los jueces ordenar que el discurso legalmente protegido sea censurado simplemente afirmando que ellos personalmente no creen que sea convincente. También permite a los jueces censurar cualquier artículo basado en fuentes confidenciales, como denunciantes, con el argumento de que la información contenida en el artículo no es "verificable".

El proyecto de ley otorga poderes al Consejo Superior Audiovisual (CSA) para censurar y suspender estaciones de televisión que estén "controladas por un Estado extranjero o bajo su influencia". Esto allana el camino para la prohibición de medios de comunicación como RT y Sputnik, respaldados por el Estado ruso.

Si bien el proyecto de ley pretende limitar su alcance a los tres meses previos a las elecciones, se está llevando a cabo una campaña de prensa para exigir que no se imponga un límite de tiempo a estos poderes. Cuando se le preguntó en el programa "20 minutos" si apoyaba el proyecto, el profesor de la Sorbona, François Jost, respondió: "La verdadera pregunta es por qué esta ley entraría en vigor solo durante las campañas electorales... Afirmar que se puede decir cualquier mentira anterior a un momento determinado, pero no en otro es absurdo".

En Francia, los partidos de oposición en todo el espectro de la política oficial han criticado el proyecto de ley de Macron, conscientes no solo de que la censura es impopular, sino también de que Macron podría utilizarla contra ellos. Marine Le Pen, del Frente Nacional neofascista, calificó el proyecto como "un peligro para la libertad" en una columna para Causeur, mientras que la diputada estalinista, Elsa Faucillon, advirtió que "establece la idea de una verdad oficial". El parlamentario de derecha Christian Jacob dijo que Macron estaba estableciendo una "policía del pensamiento".

El proyecto de ley pone a Francia en una situación en la que el Estado puede censurar el Internet a voluntad. La justificación presentada por Macron y sus partidarios, buscando darle al proyecto de ley una apariencia cuasidemocrática, consiste en que Macron sufrió un daño intolerable a su reputación cuando su rival electoral en la segunda vuelta presidencial, Le Pen, alegó en un debate transmitido por televisión que Macron tenía una cuenta bancaria offshore oculta en las Bahamas. Este es un pretexto cínico y una mentira política.

La acusación de Le Pen no le causó ningún daño significativo a Macron. Los votantes en gran medida encogieron los hombros y Macron ganó las elecciones por un amplio margen. Ahora, sin embargo, amplios sectores de la prensa están tratando de provocar indignación ante el hecho de que una neofascista hiciera una acusación sin fundamentos para justificar un ataque a la libertad de expresión de toda la población.

Francia no necesita aprobar una nueva ley para hacer ilegal la publicación de declaraciones falsas y difamatorias. Una ley de 1881 ya establece fuertes multas por hacer tales declaraciones.

Lo que está impulsando las acciones de Macron para censurar Internet no es indignación ante algunas declaraciones de Le Pen o RT, sino temor al crecimiento de la ira social y de la oposición a la guerra. Los círculos gobernantes quieren dictar cuáles son las opiniones políticas a las que tienen acceso las masas obreras y a cuáles no. Este impulso para eliminar la información y opiniones negativas de las redes sociales y el Internet en general ha tomado su forma más virulenta en la colaboración de las firmas tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook con el Gobierno estadounidense.

El 25 de abril del año pasado, Google anunció públicamente que implementaría un algoritmo para excluir las "noticias falsas" de sus resultados de búsqueda y luego incluiría en listas negras a sitios web socialistas y antiguerra, incluido el World Socialist Web Site. Se negó a responder a las preguntas de la prensa, incluidas las del New York Times, sobre si el WSWS era un blanco en especial, debido a que su tráfico procedente de las búsquedas de Google se desplomó. Sin embargo, más adelante ese año, los ejecutivos de Google se jactaron públicamente de que tenían como objetivo "mejorar" los resultados de búsqueda bloqueando material de RT y Sputnik News.

A comienzos del 2018, Facebook anunció que eliminaría relegaría las noticias políticas en su muro de noticias, promoviendo en cambio "momentos personales". Declaró que esto haría que Facebook fuera "bueno para su bienestar y para la sociedad".

Los funcionarios franceses que planifican la censura masiva del Internet no están menos aterrorizados de la opinión pública. Mientras Macron preparaba su proyecto de censura a principios de este año, estalló una campaña de prensa denunciando a los franceses por creer en "teorías de conspiración". La llamada "teoría de la conspiración" que enfureció más a la prensa fue la creencia de que los Gobiernos de la OTAN, incluido el de Francia, colaboran con las redes islamistas que llevaron a cabo los ataques terroristas en París en el 2015 y en otros lugares de Europa desde entonces.

El hecho de que las agencias de inteligencia estadounidenses y europeas hayan dedicado miles de millones de dólares para armar a las milicias islamistas que sirven como sus representantes en la guerra de cambio de régimen en Siria no es, sin embargo, una "teoría de la conspiración" paranoica o "noticias falsas" producidas por el "troles del Kremlin", sino un hecho ampliamente reportado.

A los círculos oficiales les preocupa que capas más amplias del público concluyan que la "guerra contra el terrorismo" y el estado de emergencia francés impuesto después de los ataques terroristas se basan en mentiras. En Barcelona, estallaron protestas de masas el año pasado, poco después del ataque terrorista allí. Los manifestantes denunciaron la complicidad de Madrid con los terroristas.

Los pasos de Macron para censurar el Internet están directamente relacionados con este crecimiento de la oposición política y el resurgimiento de la lucha de clases. Se han desatado huelgas masivas contra las políticas de austeridad de Macron entre los ferroviarios, los trabajadores de aerolíneas y de las empresas energéticas, mientras que el malestar crece entre los huelguistas por los esfuerzos de los sindicatos para aislar estas luchas y evitar que se unan en un movimiento común contra Macron. Están llevándose a cabo huelgas en toda Europa, desde docentes y trabajadores ferroviarios en Reino Unido, hasta trabajadores de aerolíneas en España y obreros metalúrgicos y automotores en Alemania y Turquía.

Estados Unidos ha presenciado una ola de huelgas y protestas de docentes organizadas por las bases de educadores, independientemente de, y en gran medida, en oposición a los sindicatos.

Cincuenta años después de la huelga general de mayo-junio de 1968 que llevó al capitalismo francés al borde del colapso, la clase dominante vuelve a vivir atemorizada. Macron conoce muy bien los hallazgos de la encuesta de la Unión Europea "Generation What". Mostraban que, tras una década de austeridad, más del 60 por ciento de los jóvenes en Europa están listos para participar en un "levantamiento masivo" contra el orden establecido. Además, dos tercios de la población francesa dicen que la lucha de clases es una realidad diaria de la vida, un 20 por ciento más que en la víspera de la huelga general de 1968.

Bajo tales condiciones, los estrategas imperialistas ven cada vez más a la opinión pública en términos militares. Un estratega de la UE escribió hace cuatro años que, dado que "el porcentaje de la población que es pobre y frustrada continuará siendo muy alto, las tensiones entre este mundo y el mundo de los ricos [continuarán] aumentando, con las correspondientes consecuencias. Como difícilmente podremos superar el origen de este problema ... es decir, los defectos funcionales de la sociedad, tendremos que protegernos más fuertemente".

El intento de Macron de censurar el Internet bajo el pretexto de luchar contra las "noticias falsas" es parte clave de las maniobras desesperadas y antidemocráticas de la élite gobernante en su intento de salvarse de la creciente amenaza de la revolución social.

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[31 de enero de 2018]

(Publicado originalmente en inglés el 8 de junio de 2018)