Corte Suprema emite dictamen anti inmigratorio

15 July 2006

Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 26 de junio, 2006.

El 22 de junio del presente, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión 8-1, sostuvo la decisión de deportar a Humberto Fernández Vargas. Las autoridades de Inmigración basaron la deportación del ciudadano mexicano, de 58 años de edad, sobre el Acta para la Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Inmigratoria de 1996 (IIRIRA; cifras en inglés), que estableciera que los inmigrantes indocumentados que entra al país de nuevo luego de ser deportados deben ser deportados una vez más. Además, debe negárseles toda apelación o cambio de status como inmigrantes y prohibírsele entrada al país por diez años. Vargas había entrado ilegalmente a Estados Unidos en 1982 luego de haber sido previamente deportado.

Vargas desafió la orden para deportarlo a base de las leyes que regían en 1992, que permitían a los inmigrantes sin antecedentes penales permanecer en Estados Unidos mientras solicitaban status legal. Arguyó que su deportación inmediata, luego de haber vivido tantos años en Estados Unidos, era una aplicación restroactiva de la ley. El único juez de la Corte que no estuvo de acuerdo John Paul Stevens, aceptó esta lógica. Declaró también que “la Corte por lo regular no aplicaba leyes nuevas a casos antiguos”.

Las circunstancias específicas de Vargas ponen en relieve la naturaleza punitiva de la decisión sobre el caso. Luego de entrar de nuevo a Estados Unidos 24 años atrás, Vargas abrió un pequeño negocio sin nunca tener ningún problema con la ley. Se casó con una ciudadana estadounidense y eventualmente tuvo un hijo con ella.

Solicitó status legal basándose en su matrimonio con una ciudadana de Estados Unidos. Eso puso en alerta a las autoridades de Inmigración, quienes lo arrestaron y lo deportaron a la ciudad de Juárez, México, dos años atrás. Su esposa, Rita, ha continuado la batalla jurídica en su nombre.

Los ocho jueces de la Corte Suprema que votaron en contra de Juárez incluyen tres que se supone son liberales. Uno de ellos, David Souter, escribió la opinion de la mayoría, por medio de la cual arguyó que Vargas era un “quebrantador de la ley continuo” que debió haber recibido “amplias advertencias” del IIRIRA.

La opinión del único juez en desacuerdo—el juez Stevens—puso en relieve la crueldad y dudosa legalidad de la decisión mayoritaria. Escribe Stevens: “Cuando entró al país y durante los próximos 15 años, su estadía llegó a ser un beneficio para el peticionante, pues logró permanecer continuamente en Estados Unidos, estableció su negocio y empezó su familia. Luego del 1ro. de abril, 1997, fecha en que la dispocisión de reintegración aplicable se hizo efectiva, todas esas actividades fueron declaradas ireelevantes por la ley”.

Las consecuencias para Vargas y su familia han sido devastadoras. De acuerdo a desertnews.com, Vargas declaró en una entrevista telefónica que “necesito a mi familia...Quisiera estar con mi familia”. La esposa de Vargas dijo que que su familia había sido “destruída”, según la web site.

Jennifer Chacón, Profesora de leyes en la Universidad de California en Davis, dijo que “Esto tiene que ver con la gente que menos deberían preocuparnos. Son gente estable, con empleos. Son abuelos, padres, esposos, padres. Esta gente no representa ningún peligro para la seguridad”.

La Unión para la Defensa de los Derechos Civiles de Estados Unidos y varias organizaciones que defienden los derechos inmigratorios le habían instado a la Corte que no aplicara la ley de 1996 retroactivamente.

Vargas y sus abogados continuarán con apelaciones a la Corte Suprema, pues cierto inciso en la decisión le permite solicitar una renuncia a ciertos derechos que le dejaría regresar a Estados Unidos legalmente. Sin embargo, sus abogados no se muestran optimistas, pues es difícil obtener dichos documentos de renuncia.

Fue en 1996 que el Congreso, bajo control Republicano, adoptó el IIRIRA y luego el Presidente Demócrata Clinton lo firmó como ley. La disposición de la ley que fue aplicada retroactivamente contra Vargas es sólo una entre varias de sus medidas draconianas.

La ley rotundamente reduce el repaso judicial de los casos de deportación y amenaza con deportar a residentes permanentes legales por cometer delitos menores tales como robos menores o posesión de marihuana. También autoriza a los gobiernos locales y estatales a negarle beneficios a los “extranjeros”.

El dictamen ha de afectar a miles de extranjeros indocumentados en Estados Unidos.Trabajadores que han vivido en el país por años serán separados de sus familias y amigos y serán privados de ganarse la vida como consecuencia de que semejante ley tan reaccionaria se haga efectiva de manera retroactive.

Los efectos de la campaña derechista en contra de los inmigrantes, así también como la colocación de las dos personas nominadas por Bush a la alta Corte, puede verse en la diferencia entre el dictamen de la semana pasada y la decisión de la misma Corte en el 2001 en un caso que tuvo que ver con la misma ley. En el caso INS vs. St. Cyr., la Corte decidió que la ley de 1996 no podia ser aplicada retroactivamente a residentes permanentes legales que habían sido imputados de un crimen. En un dictamen de 5 a 4, Stevens, representando a la mayoría, arguyó por escrito que “estatutos no pueden aplicarse retroactivamente...al menos que el Congreso indique claramente semejante resultado”.