Plan bipartita del Senado explotaría a los trabajadores inmigrantes aún más

19 May 2007

Este artículo apareció por primera vez en nuestro sitio, en su inglés original, el 18 de marzo, 2007.

Un grupo de senadores Demócratas y Republicanos anunciaron el jueves un plan auspiciado por ambos partidos para ponerle fin al sistema de inmigración actual de Estados Unidos, que impone acciones punitivas contra los trabajadores inmigrantes que ahora viven en el país. El plan además cuenta con dispocisiones reaccionarias que le prohibiría a inmigrantes futuros traer a sus padres, hijos adultos y a otros miembros de sus familias al país.

Los detalles del proyecto de ley, que consiste de 380 páginas, todavía están nebulosos, pero ciertos puntos claves ya están claros.

El plan consiste de disposiciones discriminatorias y anti democráticas que obligan a los inmigrantes que desean la residencia permanente a aprender inglés. También pide un aumento de la policía patrullera fronteriza hasta alcanzar los 18,000; la construcción de 370 millas adicionales de la cerca fronteriza entre Estados Unidos y México; y un sistema basado en la tecnología avanzada para la verificación de los empleos de los trabajadores inmigrantes.

El plan también establecería programas para trabajadores temporarios y de tal manera expandir enormemente la cantidad de trabajadores que son traídos al país como mano de obra super explotada en los grandes negocios de agricultura y otros intereses empesariales.

El plan le permitiría a los trabajadores indocumentados que entraron a Estados Unidos antes del primero de enero a recibir un permiso de residencia temporario hasta que obtengan la “Visa Z,” que les permitiría vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero anters de recibir dicha visa, tendrían que pagar una multa de $5,000, además de otros costos administrativos adicionales. Se enfrentan a la posibilidad de tener que esperar trece años antes de lograr la residencia permanente.

Los jefes de las llamadas familias “inmigrantes ilegales” tendrían que salir del país y regresar a sus países natales luego de un peróodo de no más de ocho años para solicitar la visa de residencia permanente para los demás integrantes de las familias. Pero bajo el nuevo plan, solo a los esposos y niños menores de edad se les podría garantizar admisión a Estados Unidos.

Esto significa un cambio decisivo y reaccionario en cuanto a las viejas leyes sobre la inmigración, bajo las cuales a los inmigrantes legales se les permite traer a sus familias íntegras a Estados Unidos. Bajo la nueva propuesta de ley, se establecería un sistema de puntaje para solicitantes que le daría preferencia a la experiencia y habilidades de trabajo, niveles educacionales y competencia en inglés sobre los lazos familiares. Resultado: muchos inmigrantes que desean vivir y trabajar en Estados Unidos verían a sus familias desbaratadas.

Esta movida política pone en relieve la índole esencial de los cambios que se han propuesto; cambios hechos para satisfacer los intereses financieros de las empresas y a los patronos estadounidenses. Éstos desean a su alcance una gran fuente estable de mano de obra barata y super explotada, así como también una cantidad menor de inmigrantes bien educados y mejor dotados.

El ex presidente del Banco Federal de Reservas, Alan Greenspan, enfatizó estas ideas el jueves cuando abogó por reducir las restricciones inmigratorias y así aumentar el flujo de trabajadores major dotados para reforzar la infraestructura de Estados Unidos.

De manera similar, un borrador de la propuesta asegura que el Congreso tiene la intención de “aumentar la competición estadounidense [en el mercado] por medio de un sistema de asesoramiento meritócrata para inmigrantes”. Añade que el Congreso va a “reducir la inmigración en cadena” al limitar la cantidad de visas que se otorgan basadas exclusivamente en el parentezco.

Cecilia Muñoz, cabildera principal del Consejo Nacional de la Raza, expresó que “Nos sentimos sumamente incómodos con lo que estamos oyendo”.

El proyecto de ley refleja el contexto político general dentro del cual ocurre el debate en Washington; debate en el cual los trabajadores emprobrecidos, procedientes de países que Estados Unidos ha oprimido desde hace años y que buscan trabajo en Estados Unidos, son pintados por la prensa y los políticos como quebradores de la ley y considerados como chivos expiatorios para fomentar el chauvinismo y el racismo.

Pero el mismo día que esta “reforma” discriminante - la cual establece el dominio privilegiado del inglés — fuera presentada al público, el gobierno emitió un nuevo informe del Censo que muestra que un 33% absoluto de la población de Estados Unidos, o sea, 100 millones de habitantes, es de origin hispano, oriental, o afroamericano.

Los hispanos ya llegan a los 44.3 millones y constituyen el mayor grupo minoritario. No sólo representan un15% de la población del país, sino que tembién fueron causa del 50% del crecimiento total de la población de la nación, la cual aumentó por 2.9 millones desde el primero de Julio, 2005, hasta la misma fecha un año después en 2006.

El plan de ley fue anunciado en una conferencia de prensa a la cual asistieron tres Demócratas: Edward Kennedy, por el estado de Massachusetts; Diane Feinstein, por el estado de California; y Ken Salazar, por el estado de Colorado. También asistieron siete Republicanos, inclusive John McCain, por el estado de Arizona, quien actualmente compite por la nominación a la presidencia en 2008. También estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Bush que habían participado en las negociaciones detrás de puertas cerradas que habían conducido al acuerdo: Michael Chertoff, ministro del Ministerio de Seguridad de la Patria, y Carlos Gutiérrez, ministro del Ministerio de Comercio.

A horas más tardes del jueves, Bush hizo una declaración desde el césped de la Casa Blanca en la cual elogiaba el acuerdo e instándole a ambas cámaras del Congreso que lo adoptaran. Haciéndole hincapié al hecho que la medida no otorgaría la amnistía, Bush sostuvo que ésta “trataría a la gente con dignidad”.

El plan también fue elogiado por Kennedy, patrocinador Demócrata principal, quien postuló que el acuerdo “defiende nuestra humanidad y nuestra tradición como nación de inmigrantes”. Kennedy se expresó mientras se paraba entre dos Republicanos, MacCa y el Senador Lindsay Graham (Republicano por el estado de Carolina del Norte), quien dirigió la adopción el año pasado del Acta de Comisiones Militares, que por una parte la prohibe los derechos de habeas corpus a los “combatientes enemigos ilegales” y por otra permite prácticas ilegales, inclusive la tortura, que se llevan a cabo en Guantánamo y en otros campos de concentración que Estados Unidos administra.

En varios aspectos, el plan de ley de hoy día es más insidioso que el proyecto de ley que el Senado adoptara — y Bush aprobara — el año pasado. Esa propuesta sufrió la derrota en la Cámara de Representantes, donde la mayoría de los Republicanos la atacaron como plan para darle “amnistía” a “criminales” y a “quebradores de la ley”. La mayoría de la Cámara de Representantes insistió en adoptar acciones aún más represivas para hacer cumplir medidas que refuercen la frontera entre México y Estados Unidos y castigar a trabajadores indocumentados.

Aunque el proyecto de ley propuesto en el Senado del año pasado habría permitido a los trabajadores temporarios que entran al país quedarse hasta lograr la ciudadanía, el nuevo plan obliga a los mismos trabajadores pasar un año fuera del país cada dos años. También consiste de un sistema de puntaje que le da preferencia a inmigrantes de mayor aporte a los negocios de Estados Unidos y anula las garantías que anteriormente habían sido ofrecidas a otros miembros de la familia.

Según un informe del periódico Chicago Tribune, “El acuerdo que constituye la parte esencial del proyecto de ley es un ‘gatillo' para hacer cumplir medidas severas, tales como la duplicación de los patrulleros fronterizos, antes de que el programa para trabajadores invitados o el plan para la ciudadanía tome efecto. El plan también incluiría pautas que favorecen a los trabajadores con habilidades que podrían ayudar a la economía de Estados Unidos por encima de los inmigrantes con familias que ya se encuentran en el país”.

El Sindicato Internacional de los Trabajadores de Servicios y la organización United Here [Unidos Aquí] han amenazado con cancelar su apoyo a cualquier propuesta de ley inmigratoria que no le facilite a los trabajadores temporarios la manera de quedarse en el país. Estos sindicatos consideran que la legalización de los trabajadores temporarios es una manera de crear una fuente de mano de obra barata con la cual pueden incrementar sus nóminas de membresíá y los ingresos que provienen de las cuotas de los trabajadores.

Un impedimento mucho más fundamental a la aprobació del plan como ley es la agitación chauvinista y anti inmigratoria de los Republicanos en la Cámara de Representantes. Lamar Smith, por el estado de Texas e integrante Republicano principal del Comité sobre Asuntos Jurídicos, se refirió al plan del Senado con las siguientes palabras: “Este proyecto de ley lastimaría permanentemente al país, a los trabajadores estadounidenses, y al gobierno basado en la ley. La amnistía le daría preferencia a criminales por encima de los que respetan la ley, favorecería a trabajadores extranjeros a costillas de los trabajadores criollos, y alentaría la inmigración ilegal aún más”.