Guatemala y El Salvador discuten amnistía para criminales de guerra

por Andrea Lobo
11 abril 2019

Los legisladores en El Salvador y Guatemala están discutiendo simultáneamente proyectos de ley de amnistía para los crímenes de guerra y abusos de derechos humanos durante las guerras de contrainsurgencia libradas por las brutales dictaduras respaldas por EUA entre los años sesenta y noventa.

Por décadas, los supervivientes y otros que han apoyado a los cientos de miles de víctimas han perseguido investigaciones y enjuiciamientos para exponer la verdad, hacer rendir cuentas a los responsables y sentar las bases para que otros nunca sufran lo mismo.

Jesús, un superviviente que perdió a su madre, padre, hermano e hijo de cuatro años en una masacre en 1982 a manos de un escuadrón de la muerte salvadoreño y entrenado por EUA, le dijo a Amnistía Internacional, “De noche, sentía que no estaba llorando, pero otros me decían que sí lo hacía. No sentía que lloraba. Tomó años y años hasta que se pasara un poco. Andaba por el camino llorando. Comía para llorar. Cenaba para llorar. Cada comida, llorando”.

Desde que el acuerdo de “paz” fue firmado en 1992, como muchos otros, Jesús ha luchado sin éxito por un juicio para este crimen, incluso después de que la Corte Suprema salvadoreña falló en julio de 2016 que la ley de amnistía general de 1993 era inconstitucional y que la Asamblea Legislativa debía elaborar una nueva regulación que garantizara “la verdad, reparaciones y justicia” a las víctimas.

En el caso de Guatemala, se impuso una ley de amnistía que bloqueaba el procesamiento de los crímenes de guerra entre combatientes después del acuerdo alcanzado en 1996 entre el Gobierno y las guerrillas. Sesenta y cinco soldados y efectivos paramilitares fueron sentenciados por crímenes contra ciudadanos y aproximadamente una docena están esperando un juicio.

El proyecto de ley “nos devuelve a las épocas más oscuras del terrorismo estatal”, les dijo a reporteros Ana Lucrecia Molina. Varios militares guatemaltecos fueron condenados por la “desaparición” de su hermano y la violación de su hermana durante la guerra. La legislación dejaría libres a todos los sentenciados en 24 horas y bloquearía todo otro procesamiento, con el legislador fascistizante que la introdujo, Fernando Linares Beltranena, presumiendo que “la derecha está fortalecida ahora”.

El proyecto de ley salvadoreño fue redactado recientemente por una comisión legislativa ad hoc formada en junio de 2018 y presidida por Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiana —en sí parte de la junta militar que llevó a cabo los peores crímenes de guerra durante los años ochenta—. “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieren pertenecido [durante la guerra]”, empieza el borrador, permitiendo que los crímenes de guerra sean investigados, pero bloqueando cualquier enjuiciamiento y perdonando a los condenados y los que estén cumpliendo su condena.

Las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han expresado oposición a los proyectos de ley de amnistía. Un cable diplomático enviado en junio de 2017 por la embajada estadounidense en San Salvador y filtrado posteriormente a los medios indicó que el enjuiciamiento de los acusados por la masacre de “El Mozote” de 1981 es “un paso importante y positivo para el Estado de derecho y para finalizar la impunidad”. No obstante, el mismo cable luego se opone al Código Procesal de 1973 siendo empleado que “permite que demandantes privados emitan evidencia, llamen a testigos e interroguen a los testigos y acusados”, a diferencia de las reformas posteriores que favorecen “un sistema judicial conducido por instituciones”.

Añade que el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) a cargo de emitir información para estos procesos judiciales es financiado por USAID, mientras que el Ministerio de Defensa se ha rehusado a entregar y ha “destruido deliberadamente” evidencia y que la Fiscalía General ha buscado “socavar” los casos.

Por medio de estas instituciones y sus contrapartes guatemaltecas, cuyos oficiales desfilan frecuentemente las oficinas de la élite de la política exterior estadounidense, el Departamento de Estado de EUA ha estado tirando las cuerdas de una charada de “reconciliación” que sus títeres regionales han explotado desde los años noventa para legitimar su gobierno y seguir implementando la austeridad, las privatizaciones y la superexplotación dictados por la aristocracia financiera estadounidense.

Más allá, mientras respaldan una exposición limitada a estos crímenes —incluso encarcelando a unos cuantos altos oficiales en Guatemala—, Washington ha continuado fortaleciendo los mismos aparatos represivos, a pesar de reportes de que las fuerzas de élite en la región han creado nuevos escuadrones de la muerte.

Mientras que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, dijo que respetaría el voto del Congreso sobre el tema, el presidente electo salvadoreño, Nayib Bukele, ha criticado el proyecto de ley de amnistía, buscando distanciarse de los partidos ampliamente odiados y asociados con la guerra civil, el exguerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la fascistizante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Se espera que esto lleve a los promotores de la legislación a apurar su aprobación antes de la inauguración de Bukele el 1 de junio. Bukele, un exalcalde del FMLN, encabeza una coalición de antiguos políticos de Arena y el FMLN con estrechos lazos con el imperialismo estadounidense y que buscan facilitar un giro más hacia la derecha detrás de una nueva fachada, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

El 18 de marzo, Rodolfo Parker renunció a la comisión ad hoc salvadoreña, pero está todavía fue equipada con tres otros miembros implicados en posibles crímenes—un coronel, un comandante y una líder guerrillera—. FMLN y ARENA han apuntado a su oposición a cualquier legislación que conceda menos que una amnistía total. Expresando una postura compartida ampliamente en la clase gobernante más allá de los implicados directamente, el exvicepresidente Enrique Borgo Bustamante (1994-1999) declaró el mes pasado que, en pro de la “estabilidad”, “es hora de olvidar lo que pasó en el país hace 30 años”.

Al mismo tiempo, el imperialismo estadounidense está descartando explícitamente cualquier sensibilidad “democrática” según promueve Gobiernos de ultraderecha y dominados por el ejército con el objetivo de arrebatar la región —por medio de matonismo y posiblemente incluso guerra— de la influencia económica y política de sus rivales globales, principalmente China y Rusia.

El regreso a una política estadounidense de respaldar un gobierno abiertamente militar y fascista está siendo acelerada por el resurgimiento de la lucha de clases internacionalmente, junto con el estancamiento económico de la región y el peligro de otra crisis financiera.

Centroamérica es un polvorín social. Cientos de miles de migrantes arriesgan sus vidas cada año y desafían las tropas de Washington en la frontera, los ataques contra el derecho al asilo y los campos de concentración, todo para escapar de la pobreza y violencia intolerables que en Guatemala y El Salvador se reflejan en que el 80 y 72 por ciento de sus fuerzas laborales respectivas tienen dificultades apenas gana para sobrevivir en un sector informal sin beneficios del seguro social ni seguridad laboral.

Las deportaciones masivas de Trump y la suspensión de la ayuda estadounidense para obligar a las élites locales a convertir estos países en prisiones al aire libre solo pueden resultar en una explosión social.

Reflejando este giro en la política regional de EUA, el Gobierno de Trump nombró a Elliot Abrams enviado especial para presidir la operación estadounidense para generar un golpe de Estado en Venezuela. Abrams estuvo a cargo de encubrir los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas respaldadas por EUA en Centroamérica.

Cuando le preguntaron en una audiencia en el Congreso en febrero si respaldaría una facción en Venezuela involucrada en crímenes de guerra como los que ayudó a encubrir en Centroamérica, Abrams dijo, “No voy a responder esa pregunta”.

Sea la amnistía absoluta exigida por las élites gobernantes locales o la fachada superficial de “justicia” en cuanto a estos crímenes todavía sugerida por el Departamento de Estado de EUA, el mensaje es claro para las fuerzas armadas de que pueden aplastar despiadadamente cualquier desafío desde abajo con impunidad y apoyo estadounidense, justo como la dictadura de Sisi en Egipto, el régimen fascistizante en Israel, la monarquía en Arabia Saudita y el régimen hondureño que ha empleado una represión asesina contra las rebeliones masivas que siguieron el golpe de Estado respaldado por EUA en 2009 y los fraudes electorales desde entonces.

Casi un cuarto de millón de personas fue asesinado entre 1962 y 1996 en Guatemala, el 93 por ciento a manos de las fuerzas progubernamentales. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico clasificó la masacre de indios mayas, incluyendo la destrucción de hasta 90 por ciento de las comunidades ixil y el bombardeo de aquellos que intentaban escapar. En El Salvador, 988 de los 75.000 asesinados entre 1980 y 1992 —también en su gran mayoría por fuerzas progubernamentales— fueron masacrados en el departamento de Morazán en el caso “El Mozote”, cuyo enjuiciamiento está en riesgo.

La mayoría de las víctimas fueron niños, quienes fueron acribillados, violados y quemados en masa o colgados boca abajo y desangrados por sus gargantas. Refutando afirmaciones de los acusados de que las víctimas eran combatientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha declarado: “Solo se encontró canicas, juguetes, monedas, utensilios, sandalias y ginas junto a sus cuerpos”. Fue la masacre documentada más grande en la historia moderna latinoamericana.

Lo que la clase gobernante quiere que se “olvide” es el hecho de que su única respuesta a la crisis del capitalismo global es la dictadura, la guerra y la barbarie.

Ninguna reconciliación es posible con el imperialismo ni con las burguesías nacionales, las cuales están atadas política y financieramente sin excepción al capital estadounidense y extranjero. La clase obrera y la juventud en El Salvador y Guatemala solo pueden enfrentar al imperialismo como parte de una lucha internacional con sus hermanos y hermanas en toda la región y, ante todo, en Estados Unidos, bajo un programa socialista e internacionalista para derrocar el capitalismo en todo el mundo y establecer una economía basada en atender las necesidades sociales de toda la humanidad.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de abril de 2019)