La policía española ataca a protestas masivas contra las sentencias a los nacionalistas catalanes

por Alejandro López y Alex Lantier
16 octubre 2019

Estallaron protestas en toda Cataluña el lunes después de que el Tribunal Supremo español publicara las duras sentencias contra 12 nacionalistas catalanes con cargos fabricados en relación con el referéndum sobre la independencia de Cataluña del primero de octubre de 2017.

Minutos después del veredicto del lunes por la mañana, miles de manifestantes se volcaron a las calles para pedir la liberación de los condenados, ocupando plazas públicas y cortando autovías en ciudades de toda la región. En Barcelona, la capital regional, cortaron importantes arterias como la Via Laietana y el Passeig de Gràcia. Según cifras de la policía, 25.000 personas protestaron en Girona, 8.000 en Tarragona, 4.000 en Sabadell y miles más en muchas ciudades catalanes menores.

Además de las autovías, los manifestantes bloquearon las vías férreas de la compañía nacional RENFE y el metro de Barcelona.

Estallaron enfrentamientos temprano por la tarde al atacar la policía a decenas de miles de personas que se congregaban en el centro de Barcelona y marchaban hacia el aeropuerto de El Prat. Gritando “Vamos a hacer un Hong Kong”, los manifestantes intentaron bloquear y ocupar terminales del aeropuerto. El aeropuerto se vio obligado a cancelar 108 vuelos el lunes y 20 el martes debido a interrupciones de tráfico y la ocupación de sus instalaciones.

La policía arremetió violentamente a los manifestantes para impedirles ocupar totalmente la Terminal 1 del aeropuerto, y los manifestantes acusaron a las fuerzas de seguridad de tirar con balas de goma y espuma nociva. La periodista francesa Elise Gazengel fue golpeada repetidamente por la policía y tuiteó fotos de sus moratones.

En conjunto, 78 manifestantes fueron hospitalizados, incluyendo a 38 que seguían en el hospital al finalizar el día. Se arrestó a tres personas.

Las condenas son el resultado ilegítimo de un juicio farsa que es parte del impulso de la clase gobernante por crear el marco legal para un Estado policial fascista en España. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) ha explicado sus diferencias de principio respecto a la perspectiva capitalista, independentista y pro-Unión Europea (UE) de los partidos nacionalistas catalanes. Sin embargo, se opone, y llama a los trabajadores a que se opongan, a las sentencias de cárcel impuestas a los presos a pesar de que el Estado no ha podido demostrar su culpabilidad.

Son los primeros presos políticos encerrados en Europa occidental desde la caída de las dictaduras fascistas en Portugal en 1974 y en España en 1978. Su incriminación y encarcelamiento tienen implicaciones de largo alcance para la clase trabajadora, el objetivo central de la represión de Estado policial en España y en el mundo.

Ya en junio el Tribunal Supremo demostró su carácter políticamente criminal al dictaminar que el generalísimo Francisco Franco fue el legítimo jefe del Estado cuando lanzó el golpe fascista contra la República en 1936 que desencadenó la Guerra Civil española. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el partido estalinista-pablista Podemos han guardado un silencio ensordecedor sobre ese fallo. Sin embargo, le da al fallo judicial contra los presos nacionalistas catalanes el carácter de una legitimación retroactiva de la represión fascista de Franco de la política de izquierdas.

El Tribunal Supremo declaró a los acusados culpables de varios cargos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Pronunció sentencias que totalizan más de 100 años de cárcel, que incluyen:

* Trece años de cárcel e inhabilitación para cargo elegible para el dirigente de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), exvicepresidente catalán y miembro del Parlamento Europeo, Oriol Junqueras, a quien se le impidió ocupar su escaño en el Parlamento Europeo.

* Cárcel e inhabilitación para postularse en elecciones por 12 años para los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; por 11 años y medio para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; por 10 años y medio para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull; por 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los dirigentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

* Una multa draconiana de €200 por día durante 10 meses para los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, a quienes se prohibió postularse a cargo público por 1 año y 8 meses.

Todo el marco del juicio farsa organizado por el Tribunal Supremo fue ilegítimo. El gobierno del PSOE invitó al recién creado partido franquista Vox a ayudar al Estado a juzgar a los acusados. Incriminó a los acusados con cargos de rebelión, es decir, “levantamiento de manera violenta y pública” contra la autoridad del Estado. De hecho, ellos apoyaron un referéndum pacífico y convocaron manifestaciones pacíficas.

Hubo violencia a gran escala, pero fue organizada por el gobierno del derechista Partido Popular (PP) en Madrid, no por los simpatizantes del referéndum. El gobierno del PP ordenó una represión policial brutal a los votantes pacíficos que dejó a más de 1.000 personas heridas y de la que fueron testigos millones de personas en las redes sociales en todo el mundo.

Al final, el tribunal estuvo a punto de declarar a los acusados culpables del cargo de rebelión, que podría haberlos llevado a la cárcel por muchas décadas. En cambio, los declaró culpables del cargo menor de sedición, esto es, “levantamiento público y tumultuario” para “impedir por la fuerza o de manera ilegal” la aplicación de la ley o la autoridad del Estado. La propia sentencia por sedición tiene implicaciones draconianas para los derechos democráticos básicos, especialmente el derecho a la huelga y a manifestarse.

El tribunal argumentó que al apoyar, ayudar a organizar o argumentar a favor del referéndum, los acusados alentaron a los votantes a resistir la represión contra ellos y eran por lo tanto culpables de sedición. El otro hecho que cita fue una manifestación el 20 y 21 de septiembre convocada por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart contra las redadas de la Guardia Civil en edificios de la Generalitat con objeto de incautarse de documentación y detener el referéndum sobre la independencia. En esta protesta, dos vehículos de la Guardia Civil fueron vandalizados, un acto que Sànchez y Cuixart condenaron después de haber convocado manifestaciones pacíficas.

Estas sentencias crean un mecanismo legal falaz para que el Estado español condene a cualquier persona que convoque una manifestación, por más que sea pacífica, por sedición y encerrarla por 15 años. El gobierno solo tiene que enviar a la policía a atacar la manifestación, decir que los manifestantes se habían resistido violentamente al ataque, y entonces culpar a los organizadores de “sedición” porque supuestamente incitaron a la oposición violenta al Estado.

Trabajadores implicados en actividades legales y protegidas constitucionalmente como huelgas o protestas contra desahucios o redadas policiales contra inmigrantes ahora corren un gran peligro legal.

La condena por malversación de fondos públicos es igual de fraudulenta. Los fiscales no pudieron dar pruebas de ningún gasto del gobierno catalán en el referéndum después del 6 de septiembre de 2017, cuando el parlamento regional aprobó leyes para el referéndum (ulteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional). Sin embargo, varios de los acusados fueron declarados culpables por esto.

El apoyo unánime que se le da a la acción del Tribunal Supremo por parte de la UE y las principales potencias de la UE es una advertencia de que no hay ningún sector de la clase gobernante europea que defienda los derechos democráticos. En cada país, la burguesía se está desplazando hacia la imposición de un Estado policial y está desarrollando doctrinas legales como las que proponían los nazis en los '30. La portavoz de la Comisión Europea Mina Andreeva simplemente dijo que la sentencia “es y seguirá siendo un asunto interno de España, que tiene que resolverse según su orden constitucional”.

Berlín se hizo eco de la posición de la UE, invocando el “marco” legal-constitucional de España para exigir que la población acepte el veredicto. El ministerio de exteriores francés expresó su “confianza en la capacidad de las autoridades españolas de superar las tensiones que aparecieron en Cataluña”. Añadió que Francia “apoya la unidad territorial y constitucional de España”.

Las organizaciones corruptas y reaccionarias promocionadas durante décadas por los capitalistas españoles como la “izquierda” dejaron claro su apoyo a la sentencia. El presidente del gobierno en funciones y dirigente del PSOE Pedro Sánchez, que envió miles de policías y guardias civiles a reprimir las protestas, la defendió, diciendo, “Nadie está por encima de la ley. En una democracia como España, no se juzga a nadie por sus ideas políticas, sino por los delitos que ha cometido, como establece la ley”.

Aunque hizo tibias críticas de la sentencia, el líder de Podemos Pablo Iglesias insistió en que “todos tendrán que respetar la ley y aceptar el veredicto”. De manera complaciente concluyó, “Es hora de que nos arremanguemos y trabajemos por reconstruir los puentes entre una sociedad catalana dividida y … la sociedad española”.

El presidente de la Generalitat Quim Torra pidió la amnistía para los doce dirigentes. El funcionario nacionalista catalán dijo que intentaría reunirse con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, los individuos que están coordinando la represión a los nacionalistas catalanes. Se negó a exigir la desobediencia civil, sin embargo. Su ministro regional del interior, Miquel Buch, está dirigiendo la represión de la policía regional catalana a los manifestantes.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de octubre de 2019)