Comparando dos juicios políticos

4 noviembre 2019

En vista del voto el jueves en la Cámara de Representantes de EE. UU. para formalizar la investigación de juicio político, cabe contrastar los eventos en marcha en Washington con aquellos que llevaron a la renuncia de Richard Nixon hace 45 años.

En julio de 1974, la Cámara de Representantes aprobó tres artículos de juicio político contra Nixon. La causa directa del juicio político fue el escándalo de Watergate, en el cual Nixon dirigió a un grupo de ladrones conocidos como los “plomeros de la Casa Blanca” para que irrumpieran y colocaran micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata.

Miembros de la comisión de investigación sobre Watergate del Senado en Washington D.C. el 17 de mayo de 1973 [crédito: AP Photo]

No obstante, la investigación para dicho proceso político desenterró un conjunto mucho más amplio de crímenes por parte del Gobierno. De los cinco artículos para el juicio político debatidos en la cámara baja, uno acusaba a Nixon de “la entrega al Congreso de declaraciones falsas y engañosas sobre la existencia, magnitud y naturaleza de las operaciones de bombardeo en Camboya”, en conexión a la guerra en Vietnam.

Antes de Watergate, la primera tarea de los “plomeros” de Watergate fue asaltar la oficina del psiquiatra de Daniel Ellsberg. El objetivo era desacreditar al hombre que publicó los Papeles del Pentágono que documentaron que la Casa Blanca “mintió sistemáticamente tanto al público como al Congreso” sobre la conducción de la guerra.

Este asalto, como lo indicó un comentarista, vinculó “Vietnam y Watergate en una historia continua de 1961 a 1975”.

“En 1973, la comisión investigativa sobre Watergate del Congreso reveló que el poder ejecutivo había dirigido a las agencias de inteligencia nacionales a llevar a cabo operaciones de seguridad constitucionalmente dudosas”, indica la historia oficial del Senado de EE. UU. “En 1974, el periodista ganador del premio Pulitzer publicó un artículo de primera plana en el New York Times afirmando que la CIA había espiado a activistas contra la guerra por más de una década, violando la carta de la agencia”.

Esto llevó a la formación del comité Church, que investigó los abusos de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en inglés) y el FBI. El senador Frank Church, comentando sobre los hallazgos del comité, advirtió que la NSA tiene la capacidad de “hacer que la tiranía se vuelva total en EE. UU., y debemos asegurarnos que esta agencia… opere dentro de la ley y bajo una supervisión apropiada para que nunca cruce ese abismo”.

Doce años después, estalló otra crisis en Washington que casi lleva a un juicio político contra Ronald Reagan, quien solo se salvó por la falta de voluntad de los demócratas para destituirlo.

La crisis fue desencadenada por la revelación que el Gobierno de Reagan había fraguado un complot para vender armas a Irán y así financiar la guerra ilegal contra el régimen sandinista en Nicaragua. Según el oficial de la CIA a cargo de la guerra encubierta, las contras asesinaban rutinariamente a “civiles y oficiales sandinistas en las provincias, así como a directores de cooperativas, enfermeras, doctores y jueces”.

La investigación reveló que el Gobierno de Reagan había violado flagrantemente la enmienda Boland, aprobada por el Congreso para prohibirle al Gobierno asistir a las contras.

La investigación del juicio político contra Nixon y el escándalo de Irán y las contras involucró crímenes vastos arraigados fundamentalmente en guerras ilegales para perseguir los intereses predatorios de la política estadounidense. Expusieron vastos atropellos a los derechos democráticos, desde la operación COINTELPRO expuesta por el comité Church a la revelación del plan Rex 84 para la detención masiva de elementos “subversivos”, lo cual fue documentado en las audiencias sobre Irán y las contras.

Basta con repasar esta historia para ver que la audiencia de juicio político actual es completamente lo opuesto a las investigaciones sobre Watergate, Irán y las contras. En vez de exponer y frenar las actividades criminales de las agencias de inteligencia y el ejército de EE. UU., procura expandirlas y empoderarlas aún más.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, resumió las bases de la investigación de juicio político de esta manera: “En una llamada telefónica, él [Trump] socavó nuestra seguridad nacional reteniendo asistencia militar al país [Ucrania] que había sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos, en beneficio de los rusos”.

Trump, como lo dijo recientemente el exdirector de la CIA, David Petraeus, es acusado de “detener la entrega de asistencia desesperadamente necesitada por aquellos en el frente de batalla” de una guerra librada por el Gobierno ucraniano respaldado por EE. UU. contra las fuerzas alineadas con Rusia. Petraeus añadió: “Esto es la Primera Guerra Mundial… todavía es una guerra muy caliente en marcha”.

La amplia impopularidad de las guerras en el extranjero ha creado una crisis de legitimidad para la campaña demócrata de juicio político. Como es de esperarse, los demócratas no han movilizado un apoyo popular significativo sobre esta base. Como lo indicó el columnista del Times, David Brooks, “Para la mayoría [de estadounidenses], el juicio político no es una prioridad. Es un tedioso ruido de fondo… la realidad fundamental es que muchos estadounidenses son indiferentes”.

De hecho, la investigación de juicio político de los demócratas tiene más en común con el juicio político contra Bill Clinton avanzado por los republicanos, cuando fabricaron un escándalo sexual com cubierta para su agenda derechista.

Desde el comienzo, como lo ha explicado el World Socialist Web Site, la oposición de los demócratas a Trump no tiene nada en común con la oposición popular a su Gobierno fascistizante. Es un lado del conflicto dentro de la élite gobernante y el Estado capitalistas, primordialmente sobre cuestiones de política exterior.

Desde el día de la inauguración de Trump, cuando millones protestaron por todo el país, el Partido Demócrata ha buscado contener la ira popular y encarrilarla detrás de su agenda belicista. Ha buscado suprimir la oposición a los ataques fascistizantes de Trump contra los inmigrantes, sus pasos hacia una dictadura, sus elogios a neonazis, sus recortes de impuestos para los ricos y sus ataques contra los programas sociales de los trabajadores y pobres.

Los demócratas no son capaces ni tienen la intención de realizar un llamado democrático al odio popular a Trump. Abandonaron hace mucho cualquier programa de reformas sociales dirigidas a la clase obrera. El Partido Demócrata se ha transformado en una organización arraigada en la alianza de las agencias de inteligencia, sectores financieros y la adinerada clase media-alta.

La campaña de juicio político actual no tiene ningún contenido progresista ni democrático. Los demócratas están intentando destituir a Trump bajo premisas falsas, ocultando sus verdaderos objetivos. En otras palabras, contiene todos los elementos de un golpe palaciego.

Como escribió el Comité Político del Partido Socialista por la Igualdad en su declaración publicada el 14 de octubre, “¡No al fascismo estadounidense!¡Construyan un movimiento de masas para deponer a Trump!”:

En la medida en que el conflicto se limite a divisiones dentro de la clase gobernante, no tendrá un resultado democrático ni progresista. De fracasar, la campaña de juicio político de los demócratas solo fortalecerá la posición política de Trump. De ser exitosa, colocará al vasallo de Trump, Mike Pence, en la Presidencia. El juicio político de hecho también fortalecerá la influencia política de la CIA y el FBI sobre la Casa Blanca. Legitimará una política exterior basada en una histeria antirrusa que busca justificar un enfrentamiento peligroso con una potencia nuclear. Sea cual fuere el resultado, representará un inmenso peligro para la clase obrera.

La lucha contra Trump solo puede asumir un carácter progresista si está completamente separado de y es hostil hacia el golpe palaciego siendo orquestado por los demócratas a instancias de las agencias de inteligencia y el ejército.

Debe ser controlada por la clase obrera por medio de la expansión de la lucha de clases contra la guerra, la dictadura y la desigualdad social. Necesita estar informada por una lucha consciente para poner fin al capitalismo, la fuente de las guerras y la desigualdad y establecer una sociedad socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2019)

Barry Grey y Andre Damon