El relator de la ONU, Nils Melzer, expone los intentos del gobierno británico de obstruir defensa de Assange

por Oscar Grenfell
7 febrero 2020

En una reunión en la Iglesia Nueva St. Pancras de Londres el lunes por la noche, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, proporcionó nueva información sobre los esfuerzos del gobierno británico y los medios de comunicación para obstaculizar su defensa del fundador de WikiLeaks encarcelado, Julian Assange.

Melzer hizo una contribución poderosa en el evento, organizado por el académico Deepa Driver y realizado bajo el lema "Libera la verdad". Otros oradores fueron el exdiplomático y denunciante británico Craig Murray, Lisa Longstaff de Women Against Rape y Eva Joly, quien anteriormente sirviera como magistrada de investigación y representante de los Verdes franceses en el parlamento europeo.

Melzer dirigiéndose al mitin en Londres

Melzer explicó que desde la publicación de su hallazgo en mayo de 2019 de que Assange había sido sometido a una campaña de persecución de nueve años sin precedentes por parte de Gran Bretaña, Suecia y los EEUU, lo que resultó en síntomas corroborables a nivel médico de "tortura psicológica", sus preguntas y recomendaciones habían sido ignoradas. "Los Estados se negaron a investigar o entablar un diálogo sobre mis hallazgos, incluso para responder a las preguntas que me han ordenado hacer", afirmó.

El funcionario de la ONU reveló que tras bambalinas, las autoridades británicas habían tratado activamente de socavarlo.

Melzer declaró: “Fueron a ver al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para quejarse de mí. No parecen darse cuenta de que soy independiente, soy nombrado directamente por el Consejo de Derechos Humanos. Pero el embajador en Ginebra parece haberle dicho que no está 'contento' con la forma en que llevo a cabo mi mandato. Por cierto, escuché que también le dijeron a mi empleador en Glasgow que no estaban muy contentos con la forma en que cumplí mi mandato".

El hecho de que el gobierno británico esté obstruyendo simultáneamente las investigaciones de Melzer, y aparentemente llevando a cabo una campaña contra él, subraya la ilegalidad flagrante de toda la venganza liderada por Estados Unidos contra Assange.

Melzer está empleado en la Universidad de Glasgow como profesor de derecho internacional, independientemente de su papel como funcionario de la ONU. La única razón para que las autoridades británicas se pongan en contacto con la universidad sería presionarla para que actúe contra Melzer por la posición de principios que ha tomado en el caso Assange. Tal conducta recuerda los ataques de los gobiernos británico y estadounidense contra expertos de la ONU que condenaron públicamente las mentiras sobre las "armas de destrucción masiva" en el período previo a la invasión ilegal de Irak.

Melzer declaró desafiante: "Me niego a ser intimidado. Llevo a cabo el mandato que me han dado las Naciones Unidas, de acuerdo con lo mejor de mi moralidad y mi criterio. Es una violación de mi independencia intentar eludir los procedimientos oficiales y tratar de socavar mi credibilidad y mi posición con las Naciones Unidas y mi empleador. Y ciertamente no retrocederé".

El relator señaló que algunos críticos lo acusaron de "pasarse de la raya" y alegaron que el tratamiento de Assange "no tenía nada que ver con la tortura". En respuesta, Melzer preguntó: "¿Cómo que no tiene nada que ver con la tortura cuando un hombre expone evidencia de crímenes de guerra del gobierno y tortura y nadie está siendo procesado por ello?".

Su evaluación de que Assange había sufrido tortura se basó en una consulta extendida el año pasado, que involucró a dos expertos médicos, explicó Melzer. El diagnóstico se obtuvo bajo el "Protocolo de Estambul", el estándar internacional para identificar síntomas de tortura.

Assange, advirtió Melzer, estaba siendo "destruido públicamente ante nuestros ojos", en una operación de "cámara lenta" destinada a intimidar a "todos los demás en el mundo que podrían tener la peligrosa idea de copiar a WikiLeaks". Si es extraditado a los Estados Unidos, no tendrá perspectivas de recibir un juicio justo. Melzer señaló que mientras Assange se enfrentaba a 175 años de prisión, bajo cargos de los Estados Unidos, las penas máximas impuestas a los condenados por crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia fueron de cuarenta años. Assange, sin embargo, "no había matado ni dañado a nadie", sino que simplemente había publicado documentos verdaderos.

Melzer respondió a las afirmaciones de que había "perdido" su "neutralidad" y preguntó: "¿Se supone que debo ser imparcial entre un torturador y el torturado? No. Estoy destinado a ser neutral y objetivo en la investigación de un caso, y a no tener presunciones antes de haber investigado. Pero desde que descubrí que alguien ha sido torturado, por supuesto, no soy neutral. Lo defenderé".

No era solo el gobierno el que buscaba socavar el apoyo a Assange. Melzer reveló que "había estado pidiendo una entrevista a la BBC durante nueve meses". Se había ofrecido a aparecer en el programa "Hard Talk" para discutir el caso de Assange, pero había sido rechazado con la afirmación de que no sería "de interés periodístico".

Al mismo tiempo, los reporteros de la BBC continuaron calumniando a Assange. Uno había afirmado el mes pasado que Assange "evadió la justicia" cuando ejerció su derecho según el derecho internacional a solicitar asilo político en la embajada de Ecuador en Londres en 2012. Melzer preguntó: "En 1940, Hannah Arendt, arrestada por propaganda antiestatal, escapó con éxito del Internamiento de la Gestapo y Vichy y recibió asilo en los Estados Unidos. ¿Ella 'evadió la justicia'? Recordó otros casos de disidentes que escaparon de la persecución, incluso al buscar asilo en embajadas.

Melzer señaló que estas mentiras eran parte de un intento más amplio de suprimir la discusión sobre las graves implicaciones para los derechos democráticos de la amenaza de extradición de Assange. El martes se programó en Chatham House un panel sobre las "Implicaciones legales, sistémicas y de reputación del caso Assange". El prominente instituto de política de Londres había cancelado el evento, sin dar explicaciones, forzando su traslado al Frontline Club.

Melzer advirtió de que el caso Assange había revelado un ataque más amplio contra las libertades civiles. "Tan pronto como el poder del establishment se ve amenazado, no tenemos el Estado de derecho", afirmó, y concluyó que era "realmente urgente" "fortalecer nuestra voz" en la defensa de Assange.

Craig Murray hizo una contribución desde la perspectiva de un denunciante que había expuesto la complicidad del gobierno laborista británico en operaciones de tortura y entregas extraordinarias sancionadas por Estados Unidos en Uzbekistán.

Relató el caso de Clive Ponting, un funcionario británico que había expuesto públicamente las mentiras del gobierno de Thatcher para justificar su agresión contra Argentina en la Guerra de las Malvinas de 982. Ponting había sido acusado de violar la Ley de Secretos Oficiales, pero había sido absuelto por un jurado de sus pares. Las autoridades británicas no habían procesado a Murray a principios de la década de 2000, dijo el exembajador, por temor a un resultado similar.

Sin embargo, si hubiera filtrado información del gobierno ahora, Murray dijo que sería llevado ante un tribunal secreto, en un juicio presidido solo por un juez. Según las disposiciones draconianas de seguridad nacional, se prohibiría a los medios informar sobre el caso. El intento de enjuiciar a Assange fue aún más extraordinario, dado que era un editor y no un denunciante. "Lo que le están haciendo a Julian es el equivalente a enjuiciar a Lionel Barber, el editor del Financial Times, por publicar lo que filtré: sería la muerte del periodismo".

Eva Joly advirtió que Estados Unidos buscaba aplicar sus leyes nacionales represivas a escala global. Ella declaró: "Julian Assange no debe ser extraditado y solo una movilización masiva de personas comunes y de personas de la comunidad legal puede detener esto porque se decidió hace años que sea enviado a los Estados Unidos".

Lisa Longstaff revisó la forma en que las acusaciones falsas de mala conducta sexual en Suecia se habían utilizado para privar a Assange de sus derechos legales y democráticos y manchar su reputación. La investigación sueca inventada no tuvo "nada que ver con la justicia por violación", sino que fue parte de un intento de los Estados Unidos y sus aliados de abolir la "libertad de denunciar crímenes por parte del Estado".

Longstaff elogió a Chelsea Manning, la valiente denunciante que está encarcelada en los Estados Unidos por negarse a dar un falso testimonio contra Assange como "una de las personas con más principios que conocemos" e insistió en que "debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para liberarla también".

El padre de Assange, John Shipton, agradeció a todos los asistentes y los alentó a intensificar la campaña por la libertad de su hijo.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2020)