El Gobierno de México busca poner la carga de la crisis del virus en las espaldas de la clase trabajadora

por Don Knowland
30 marzo 2020

El miércoles 25 de marzo, los casos confirmados de COVID-19 en México habían aumentado a 475 de los tres casos iniciales reportados el 25 de febrero. Seis habían muerto por el virus.

El martes, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dijo que la Secretaría de Salud esperaba una “larga epidemia que podría durar hasta septiembre u octubre”, y que el mayor número de casos se esperaba para agosto.

López-Gatell recomendó el sábado 21 de marzo que la gente se quedara en casa, al tiempo que anunciaba una iniciativa que denominó “Sana Distancia”, llamando a la gente durante el próximo mes a no acercarse demasiado a los demás, y a renunciar al acostumbrado abrazo, beso o apretón de manos al saludarse. Anteriormente, el 14 de marzo, el Ministerio de Educación había ampliado las dos semanas de vacaciones de Semana Santa a cuatro semanas, del 20 de marzo al 20 de abril, para mantener a los estudiantes en sus casas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al tiempo que recientemente también hacía un llamamiento a la gente para que se quedara en casa, repudió imprudentemente el consejo de López-Gatell el domingo, publicando un vídeo que lo mostraba en una multitud en el estado de Oaxaca, animando a los mexicanos a mantener sus “ritmos normales de vida” y que “no dejen de salir”. Sin embargo, es precisamente en las zonas urbanas densamente pobladas con masas de trabajadores y personas pobres, como la Ciudad de México y su extensa área metropolitana, donde es más probable que el virus se propague.

AMLO y su Gobierno fueron muy lentos en reaccionar a la amenaza del coronavirus. Tan recientemente como el 16 de marzo, López Obrador ignoró la amenaza que representa para los trabajadores mexicanos y sus familias. “Las pandemias... no harán nada”, se jactó. Los esfuerzos para intentar contenerla fueron casi nulos hasta esta última semana.

El Gobierno mexicano no tomó medidas más oportunas y serias para contener el brote del virus en gran parte porque la economía ya estaba teniendo dificultades antes de que el virus llegara, y no quería arriesgar una mayor desaceleración.

El banco de inversión Credit Suisse y Bank of America han estado prediciendo que la economía mexicana se contraerá en un 4 por ciento en 2020, después de una caída del 1 por ciento el año pasado. Según un informe del banco BBVA México, los puestos de trabajo de 18 millones están en riesgo debido a una recesión inducida por el virus, y sólo en la Ciudad de México 42.000 empresas podrían cerrar según la cámara de comercio Canacop.

La bolsa de valores mexicana cayó a un mínimo histórico el 10 de marzo. Los precios del petróleo crudo de México cayeron este año a su nivel más bajo desde 2002, un gran golpe para los ingresos del Gobierno. El peso mexicano cayó a un mínimo histórico de más de 25 por dólar el lunes, sólo ganando algo de terreno a raíz de las acciones masivas de la Reserva Federal de EE. UU. y el Congreso estadounidense para apuntalar los mercados y las grandes empresas.

El turismo, que normalmente contribuye con más del 10 por ciento al PIB de México, se ha derrumbado. Por ejemplo, el turismo cayó un 76 por ciento en una semana en la costa caribeña de México.

En la Ciudad de México, los vendedores ambulantes han informado sobre caídas en ventas en picada, al mismo tiempo que los precios de los alimentos esenciales se dispararon. El kilo de tortillas de maíz, un alimento básico mexicano, aumentó recientemente más de 40 por ciento. Un kilo de huevos aumentó casi un 20 por ciento, de 38 pesos a 45.

Esto se produce en un país donde incluso el salario mínimo de los empleados a tiempo completo en el sector formal es de unos míseros 5 dólares al día, el 56 por ciento trabaja en el sector informal y 54 millones viven por debajo del umbral oficial de pobreza.

Dada esta vorágine descendente, la oligarquía gobernante mexicana no destinará recursos serios para contener y tratar el COVID-19, o para compensar a los trabajadores y a los pobres por la desarticulación económica. El bienestar de la clase trabajadora no tiene importancia.

El martes el presidente pidió a los líderes empresariales que no despidieran a los empleados, dejando a los trabajadores la elección entre no poder alimentar a sus familias o amenazar su propia salud y la de sus familias.

AMLO dijo que no habría “rescates” porque “tenemos que cuidar el presupuesto”. Dijo que el Gobierno federal haría préstamos sin interés o con bajo interés a algunas pequeñas empresas, como restaurantes o talleres, pero no dio ningún detalle sobre el presupuesto del programa. No se ofreció ninguna ayuda a los trabajadores que perdieran sus empleos.

De manera similar, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena de AMLO, ha anunciado una ayuda a los “sectores vulnerables” que asciende a poco más que a migajas: préstamos sin intereses durante cuatro meses a pequeñas empresas de 400 dólares, una subvención de 20 dólares por niño a hogares de bajos ingresos hasta que la epidemia disminuya, y de 40 a 60 dólares a vendedores indígenas para que regresen a sus regiones de origen.

AMLO también ha afirmado ridículamente que el Gobierno ha preparado de manera suficiente la infraestructura médica para capear la tormenta del virus. A este respecto, el Gobierno afirma específicamente que proporcionará 150 millones de dólares adicionales en suministros médicos y que contratará a 42.000 médicos, enfermeras y otros profesionales de la medicina.

Pero incluso si eso fuera cierto, sería demasiado poco y demasiado tarde.

El sistema de salud pública de México ya estaba notoriamente subfinanciado. Sin embargo, después de que AMLO llegó al poder, en enero del año pasado, redujo el gasto en salud en un 30 por ciento, en línea con su campaña de austeridad. En respuesta, el jefe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una inusual carta de renuncia pública declarando que “los ahorros y controles excesivos en el gasto en salud son inhumanos”.

La atención de la salud que se presta a la clase obrera mexicana se realiza a través de la red de hospitales y clínicas públicas del IMSS, salvo que los que trabajan en el sector informal ni siquiera tienen cobertura y deben endeudarse para obtener atención privada.

En el sistema del IMSS, los largos tiempos de espera para los procedimientos son la norma. A menudo, los médicos y las enfermeras se ven obligados a pedirles a los pacientes que les compren mascarillas quirúrgicas, batas y otros suministros básicos. Esta es la atención sanitaria que se le ofrece a la clase obrera.

La pandemia pone al descubierto la sombría realidad de este sistema.

El personal médico que trata el virus ya ha protestado por la escasez de protección personal y equipo médico, quejándose de que la falta de mascarillas, guantes y otros suministros los está poniendo en peligro.

Los trabajadores médicos realizaron huelgas y paros en todo el país esta semana, advirtiendo que la falta de recursos aumenta el riesgo para ellos y sus familias, así como para los pacientes.

“No podemos trabajar sin equipo”, imploró una enfermera del estado de Tabasco en un video ampliamente visto en Twitter.

Una doctora que examina a docenas de personas al día para detectar el COVID-19 en un hospital público del empobrecido estado de México, que rodea la Ciudad de México, dijo que se le asignan sólo dos mascarillas desechables para cada turno de 12 horas, cuando se debe usar una para cada paciente.

En cuanto a la disponibilidad de las pruebas de COVID-19 en México, las autoridades han dado un rango de cifras, de alrededor de 9.000 a 35.000. Dada la tasa de aumento de la infección, estas cifras son sumamente inadecuadas. El Gobierno ha realizado hasta la fecha menos de 3.000 pruebas.

Si este desastre ya se está gestando en el sistema médico oficial, apenas se pueden imaginar los horrores cuando el virus se extienda en las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en los campamentos de migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos o en la frontera sur de México con Guatemala, donde AMLO sirve como el socio menor en las políticas criminales de inmigración de Trump.

La respuesta de la élite gobernante mexicana a la epidemia es inevitablemente trasladar su coste, tanto monetario como en términos de salud, a la clase trabajadora.

Tal vez más ominoso, la semana pasada AMLO anunció que había llamado a las fuerzas armadas para desarrollar un “plan de emergencia para hacer frente a la crisis de salud pública”. Esta es otra amenaza más para la población mexicana que está realmente diseñada para hacer frente a la oposición popular a las políticas criminales de la oligarquía.

Cuando la Ciudad de México fue devastada por un terremoto en 1985, la población se organizó independientemente para satisfacer las necesidades críticas de los afectados, porque la clase dirigente y su Estado no lo harían y no podrían hacerlo.

Los trabajadores deben ahora organizar su propia respuesta independiente a la crisis del coronavirus, formando comités de acción en los lugares de trabajo y los barrios para asegurar que los recursos de la sociedad se dirijan a combatir el impacto del virus en toda la población sobre la base de la necesidad social, en lugar de las ganancias privadas, que dictan las políticas de los que ahora están en control. Además, los trabajadores deben organizarse conjuntamente a través de las fronteras para lograr esto. Este es el programa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de marzo de 2020).