El gobierno indonesio declara "emergencia nacional" después de restar importancia a la amenaza del coronavirus

por Owen Howell
4 abril 2020

Tras semanas del gobierno desmintiendo de que el coronavirus había llegado a Indonesia, y semanas más de afirmaciones oficiales de que se habían aplicado medidas de detección adecuadas, el país de 270 millones de habitantes se enfrenta a un desastre sanitario de una magnitud sin precedentes.

En una conferencia de prensa el martes, Achmad Yurianto, el portavoz del gobierno para asuntos de COVID-19, anunció 114 nuevas infecciones y 14 nuevas muertes. Esto lleva el total oficial, que subestima dramáticamente el alcance de la epidemia, a 1.677 infecciones confirmadas y 157 muertes. El virus ha sido detectado en 32 de las 34 provincias del país.

El presidente Joko Widodo luego declaró una emergencia de salud pública nacional que se impondrá hasta el 29 de mayo.

Más temprano ese día, el ministro de Relaciones Exteriores Retno Marsudi dijo que el gobierno prohibiría todas las llegadas y tránsitos de extranjeros en Indonesia. El país se está preparando para una ola de trabajadores indonesios que regresan de Malasia, que recientemente declaró un cierre nacional.

Con la tasa de mortalidad más alta del sudeste asiático, de casi el 9 por ciento, las cifras actuales sugieren que en Indonesia mueren más personas de las que se han recuperado a causa del virus. Las cifras también sugieren que sólo los que están gravemente enfermos están recibiendo tratamiento y aparecen en las estadísticas oficiales.

Más del 80 por ciento de los 1.528 casos confirmados que se han detectado se encuentran en Java. Esto indica el desarrollo de concentraciones en la isla densamente poblada, pero probablemente también refleja el hecho de que las pruebas se han limitado en gran medida a las principales ciudades del país.

Durante el fin de semana, un informe publicado por un equipo de la Universidad de Indonesia advirtió que la pandemia de coronavirus resultaría en un número de muertes mayor que el del devastador tsunami de Aceh en 2004, que mató a más de 167.000 personas.

El informe advirtió que sin una intervención sustancial del gobierno, 240.000 personas podrían morir a fines de este mes. Inclusive con una "intervención moderada" de las autoridades, 48.000 podrían perecer en abril. Una "intervención de alta intensidad" podría reducir las muertes a 12.000.

El viernes, el gobierno reconoció que hasta 700.000 personas podrían haber sido contagiado por el virus. Achmad Yurianto, profesor de matemáticas aplicadas de la Universidad de Essex, dijo que hasta la mitad de la población, o 135 millones de personas, podrían estar infectadas a mediados de mayo.

Las medidas gubernamentales, que incluyen limitaciones a las concentraciones multitudinarias y llamamientos para practicar el alejamiento social, combinadas con una falta criminal de pruebas, han recibido duras críticas de los expertos médicos.

Los críticos han hablado repetidamente de la urgente necesidad de imponer un distanciamiento social obligatorio, cerrar escuelas y lugares de trabajo, prohibir los viajes entre provincias y limitar los servicios de transporte público. Sin embargo, hasta ahora sus peticiones han caído en el tacho de basura.

"Lo que más temíamos es que nuestro sistema de salud no pueda hacer frente a la pandemia", dijo Iwan Ariawan, profesor de bioestadística de la Universidad de Indonesia, al Jakarta Globe. "En este sentido, el número de nuestros hospitales, camas de hospital, UCI [unidades de cuidados intensivos], ventiladores y salas de aislamiento, no sería adecuado si no ponemos en práctica la intervención adecuada".

Las advertencias emitidas por la Asociación de Médicos de Indonesia, que durante semanas ha instado al gobierno a proporcionar más fondos para la atención sanitaria, han adquirido un tono cada vez más desesperado. Su portavoz Halik Malik dijo el viernes pasado: "Los planes del gobierno están hechos trizas y parece que están evitando un cierre. Nuestro sistema de salud no es tan fuerte como en otros países".

Se han difundido ampliamente en los medios de comunicación social imágenes de doctores y trabajadores médicos amenazando con ir a la huelga. Al menos ocho médicos han muerto a causa del virus. En un tuit que pronto se viralizó, el cuñado de uno de los médicos fallecidos atacó el manejo de la crisis por parte del gobierno, diciendo: "La limitada cantidad de equipo de protección es difícil de perdonar".

Indonesia tenía menos de cuatro médicos por cada 10.000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2017.

El domingo se especuló en los medios de comunicación locales con que el área metropolitana de la capital, la Gran Yakarta, considerada el epicentro de COVID-19 dentro del país, probablemente cerraría sus fronteras para viajar. El Ministerio de Transporte, después de haber restringido algunos servicios, está al parecer discutiendo más restricciones al transporte público en la Gran Yakarta.

El lunes, sin embargo, Widodo rechazó de nuevo los llamamientos para el confinamiento de Yakarta. La decisión se basa exclusivamente en su preocupación por los intereses de las empresas con fines de lucro, incluidas las grandes empresas transnacionales con operaciones en la ciudad. Significa que los casi diez millones de trabajadores de la ciudad, muchos de los cuales viven y trabajan en zonas densamente pobladas, están en peligro por transmisiones comunitarias descontroladas.

Si bien algunos trabajadores, incluidos los sectores de oficinas y profesionales han podido trabajar desde casa, ésta no ha sido una opción para la gran mayoría, que están empleados en industrias que dependen de la presencia de trabajadores en sitio. La extrema escasez de equipo de protección, en una situación en la que se sabe que el virus se propaga sin ser detectado durante al menos un mes, significa que los trabajadores deben arriesgar sus vidas en el trabajo.

La inestabilidad económica en las principales ciudades y el temor a contraer el virus están obligando a miles de personas, muchas de ellas desempleadas o desalojadas de sus viviendas, a regresar a sus pueblos en el interior. Este éxodo masivo, conocido como mudik, será particularmente extenso durante el período de la fiesta religiosa de Idul Fitri a fines de mayo. Podría acelerar enormemente la propagación de la enfermedad.

Se esperaba que la temporada de Idul Fitri de este año viera a unos 20 millones de habitantes de la ciudad viajar a los pueblos y aldeas del interior. Jodi Mahardi, portavoz del Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos e Inversiones, dijo al Jakarta Post el jueves pasado que una prohibición nacional del mudik está siendo "seriamente considerada" por el gobierno, pero no se ha anunciado ninguna.

Se ha observado un brusco aumento de tráfico entrando las zonas rurales de la provincia de Java Central, ya que decenas de miles de residentes de Yakarta siguen llegando en autobús. Los gobernadores provinciales de toda Java anunciaron su intención de vigilar a los viajeros de mudik y darles prioridad como los primeros en someterse a exámenes para el COVID-19, una vez que lleguen más equipos de China.

En la conferencia de prensa del martes, Widodo anunció una nueva regulación que "apodera a las autoridades financieras tomar medidas extraordinarias para asegurar la salud pública, salvar la economía nacional y el sistema financiero".

El reglamento elimina el límite máximo del déficit presupuestario durante tres años. Un paquete de estímulo de 24.900 millones de dólares, que incluye importantes donativos y recortes en el impuesto a las empresas, aumentará el déficit presupuestario para 2020 hasta el 5,07 por ciento del producto interno bruto, el más grande en más de una década.

El año pasado, Widodo introdujo una serie de políticas pronegocios, incluyendo la privatización del suministro de agua, proyectos de ley que recortan las regulaciones sobre el control corporativo de la tierra y los recursos naturales, y socavó aún más el organismo anticorrupción del estado. La agenda de su administración fue recibida con resistencia en forma de protestas estudiantiles masivas en todo el país en septiembre pasado.

El aumento de la presencia de militares y generales de la época de Suharto en el gabinete nacional, anunciado en octubre, fue una clara expresión del temor de la élite gobernante indonesio a nuevos estallidos sociales.

Ahora, enfrentado a esta pandemia, el gabinete de Widodo ha dado permiso a la policía nacional para "tomar medidas policiales proporcionadas". El presidente advirtió en la conferencia de prensa: "Estamos preparando la opción de la ley marcial en circunstancias anormales. Estamos preparados para tomar tal medida, pero no bajo las circunstancias actuales, por supuesto”.

Sus declaraciones son una advertencia de que la creciente ira por la respuesta sumamente negligente del gobierno a la pandemia se verá enfrentada a la violencia y la represión del Estado.

(Artículo publicado en inglés el 2 de abril de 2020)