Las deportaciones criminales de Washington a Haití amenazan con provocar una pandemia

por Alberto Escalera
28 mayo 2020

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tiene previsto llevar a cabo un cuarto vuelo de deportación para devolver a los refugiados y migrantes haitianos a Puerto Príncipe hoy en condiciones en las que el empobrecido país caribeño se enfrenta a una amenaza de explosión de la pandemia de coronavirus. Con su sistema de atención de la salud en ruinas y enfrentándose a una prolongada crisis política, Haití se encuentra entre los países menos preparados del hemisferio para hacer frente a la pandemia mortal.

El vuelo, que llevará a 78 haitianos declarados en violación de las leyes de inmigración de EE.UU., es el resultado de las protestas generalizadas después de que el ICE intentara deportar a Haití a cinco detenidos que se sabía que habían dado positivo en las pruebas del coronavirus en el centro de detención de inmigrantes privado de Pine Prairie, Luisiana. Los detenidos se declararon en huelga de hambre por el virus que proliferaba en el centro de detención con fines de lucro y por la falta de protección.

Según las cifras oficiales, Haití tiene aproximadamente 1.000 casos confirmados y ha registrado casi 30 muertes. Ambas cifras son, sin duda, subestimaciones graves del impacto real de COVID-19 en condiciones en las que se han hecho pocas pruebas y muchos haitianos no tienen acceso a la atención de la salud. No obstante, las cifras están aumentando considerablemente.

Además de los inocentes trabajadores migrantes que son enviados a la fuerza con posibles infecciones de coronavirus al empobrecido país del que huyeron, se informa que el vuelo del martes llevará otra amenaza mortal para la población de Haití.

Según informes de prensa, la lista de pasajeros del vuelo del 26 de mayo incluye a un tal Emmanuel “Toto” Constant, líder de un escuadrón de la muerte y “activo” de la CIA desde hace mucho tiempo.

En los años posteriores al golpe militar de 1991 que derrocó al presidente electo Jean-Bertrand Aristide, Constant encabezó el infame Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH), una organización paramilitar, cuyos escuadrones de la muerte fueron responsables de más de 3.000 asesinatos junto con torturas y violaciones.

En 2001, Constant y varios oficiales del alto mando militar y policial del gobierno golpista fueron juzgados y condenados en rebeldía por un tribunal haitiano por su papel en la masacre de Raboteau de 1994, en la que sus paramilitares del FRAPH y las tropas del ejército aterrorizaron a todo un barrio marginal de la ciudad norteña de Gonaïves. Las sentencias de todos los condenados por esta atrocidad serían posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo de Haití por un tecnicismo en 2005.

Constant ha estado viviendo en los Estados Unidos desde que huyó de Haití en 1994 después de que el entonces exiliado Aristide fue reinstalado después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU. y el FMI para llevar a cabo las políticas dictadas por el imperialismo estadounidense.

Constant fue recientemente liberado de una prisión del estado de Nueva York y puesto bajo custodia de inmigración de los EE.UU. después de cumplir 12 años de una sentencia de 37 años por delitos cometidos en los EE.UU., incluyendo fraude hipotecario y hurto mayor. Se cree ampliamente que si es repatriado a Haití, el ex líder del FRAPH no enfrentará ninguna consecuencia legal por sus crímenes pasados bajo el ampliamente despreciado régimen encabezado por el Presidente Jovenel Moïse, que a su vez está movilizando a matones armados para aterrorizar a los trabajadores haitianos.

La repatriación de Constant y su probable regreso a su profesión mortal añadiría una capa adicional de crueldad a las ya insensibles políticas de inmigración y deportación que está llevando a cabo el imperialismo estadounidense en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

Hay aproximadamente 32.000 personas que están actualmente detenidas en condiciones similares a las de los campos de concentración en las prisiones de detención del ICE -muchas de ellas dirigidas por empresas privadas con fines de lucro- en todo Estados Unidos. Estas instalaciones se han convertido rápidamente en focos de infecciones por COVID-19, ya que los detenidos se ven obligados a vivir en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, a menudo en jaulas, sin una atención médica adecuada.

En marzo, el gobierno de Trump cerró la frontera entre los Estados Unidos y México a todos los solicitantes de asilo con el pretexto de prevenir la propagación del coronavirus dentro de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los EE.UU. posteriormente cerró varios consulados ubicados en países de los cuales muchos solicitantes de asilo vienen a los EE.UU. Los tribunales de inmigración de EE.UU. también han dejado de funcionar, y en abril, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía la emisión de tarjetas de residencia a los inmigrantes en el extranjero.

Al mismo tiempo, la administración de Trump ha seguido realizando vuelos de deportación a países de Centroamérica y el Caribe como Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, la República Dominicana y Jamaica. Un análisis reciente del Centro de Investigación Económica y Política reveló que en las seis semanas transcurridas entre el 15 de marzo y el final de abril de este año, el ICE realizó al menos 55 vuelos de deportación a esos países de Centroamérica y el Caribe.

Las políticas de deportación de los Estados Unidos están contribuyendo a un importante aumento de las infecciones por coronavirus en los países de Centroamérica y el Caribe que ya padecen sistemas de atención de la salud frágiles y paralizados por años de austeridad y guerra, así como por una capacidad de pruebas extremadamente limitada. En varios casos, se están realizando vuelos de deportación del ICE a pesar del cierre de los aeropuertos locales y de las protestas de los funcionarios gubernamentales, típicamente subordinados a Washington, que temen las repercusiones sociales y políticas de la propagación de las infecciones de los deportados recién llegados de los Estados Unidos.

En Haití, un país con 11 millones de habitantes, hay un total de 126 camas en unidades de cuidados intensivos y 68 ventiladores. El país tiene una de las proporciones más bajas de médicos por cada 100.000 habitantes en el mundo, .234 en 2018, y un reciente informe de la ONU concluyó que actualmente sólo quedan 911 médicos en el país. Haití sólo tiene dos laboratorios con capacidad para procesar el escaso número de pruebas de coronavirus que se están administrando.

Un factor adicional que acelera la crisis humanitaria que enfrenta Haití a medida que el virus se propaga es el regreso de decenas de miles de trabajadores migrantes de la vecina República Dominicana. Se estima que 500.000 haitianos trabajan allí en condiciones de brutal explotación y extrema alienación social y política.

La República Dominicana, que depende en gran medida del turismo, tiene una de las cifras más altas de infecciones por COVID-19 de la región. Al 23 de mayo, había 14.000 casos confirmados y casi 500 muertes en el país, una vez más una fracción de las cifras reales debido a la falta de pruebas y atención médica adecuadas.

Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezado por Danilo Medina ha promulgado un estado de emergencia, recientemente extendido hasta el 1 de junio, que ha cerrado efectivamente la economía y postergado las elecciones presidenciales originalmente programadas para el 17 de mayo. En virtud de la orden de estado de emergencia del gobierno del PLD, se ha suspendido la condición jurídica temporal de 150.000 trabajadores migrantes haitianos, obligándolos a regresar a Haití, a menudo a través de cruces fronterizos no oficiales.

En recientes comentarios que destacan la suciedad chovinista con la que la élite dominicana ha tratado históricamente de desviarse de sus propias políticas reaccionarias, el ministro de salud del gobierno, Rafael Sánchez Cárdenas, se refirió a los haitianos como una “importante amenaza para la República Dominicana desde el punto de vista de la salud”.

Haití es un país con una larga historia de pobreza endémica y brutales dictaduras en las que el vasto abismo entre la diminuta élite gobernante y las amplias masas ha adquirido las formas más grotescas. De 1915 a 1934, el país fue ocupado por los marines de EE.UU. para proteger el azúcar y los intereses bancarios en los Estados Unidos. Posteriormente, Haití fue gobernado durante casi tres décadas por la dictadura de los Duvalier apoyada por los Estados Unidos. Tras la elección en 1991 de Aristide, un ex sacerdote que surgió como líder de un movimiento de reformas democráticas moderadas durante los últimos años de la dictadura de Duvalier, Haití experimentó otra serie de golpes militares orquestados desde Washington.

El actual gobierno de Tèt Kale de Jovenel Moïse, que llegó al poder mediante elecciones amañadas en 2016, se ha caracterizado por la descarada corrupción y el uso generalizado de bandas armadas para llevar a cabo asesinatos de opositores políticos e intimidar a las masas trabajadoras.

En julio de 2018 estallaron en todo Haití manifestaciones masivas para pedir la destitución de Moïse. Durante más de un año, decenas de miles de trabajadores tomaron repetidamente las calles de las ciudades de todo el país, a menudo en violentos enfrentamientos con la policía, para protestar por la creciente inflación y las brutales medidas de austeridad impuestas por el gobierno bajo los dictados del FMI. Estas incluían la eliminación de los subsidios estatales para el combustible.

Los manifestantes también exigieron la dimisión de Moïse por su papel en un escándalo de malversación de fondos de PetroCaribe de hasta 2.000 millones de dólares destinados a proyectos de desarrollo de infraestructuras que nunca se llevaron a cabo. Algunos de estos fondos fueron canalizados al propio presidente Moïse a través de una empresa de construcción de su propiedad que se adjudicó contratos estatales.

El programa PetroCaribe, iniciado por el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez en 2005, cuando el país se enfrentó a condiciones favorables en el mercado mundial, conllevaba la venta de petróleo fuertemente subvencionada a los gobiernos de la región con disposiciones de pago diferido. Estos gobiernos luego revenderían el petróleo en el mercado internacional con márgenes que les permitieran pagar proyectos de infraestructura y programas sociales.

El uso de la pandemia por parte de la administración de Trump como cobertura para repatriar a un notorio secuaz de la CIA como Constant en condiciones de inmunidad garantizada es una clara señal para el gobierno gobernante de Moïse en Haití. Washington está dando luz verde al uso intensificado de asesinatos extrajudiciales, secuestros, torturas y violaciones en un intento de aplastar las luchas de las masas trabajadoras en Haití.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de mayo de 2020)