Las protestas se extienden en Chile a medida que los hospitales llegan al punto de saturación

por Mauricio Saavedra
6 junio 2020

Con casi 114.000 casos de COVID-19 confirmados desde el 4 de marzo, Chile es el tercer país de América Latina con mayor número de casos después de Brasil y Perú, uno de los epicentros del virus. Con una población de 19 millones de habitantes, Chile está reportando cerca de 5.000 nuevos casos de COVID-19 al día, una tasa comparable, en términos per cápita, a la de España en el pico de la propagación viral en marzo pasado.

Se prevé que, al ritmo actual, dentro de dos meses, el número de muertos podría llegar a ser 10 veces superior a la cifra de ayer de 1.275. Esta pérdida de vidas es el resultado inevitable de décadas de políticas procorporativas que han llevado a un sistema de salud crónicamente subfinanciado, ahora al borde del colapso. También han producido pobreza extrema, hacinamiento y falta de infraestructura en los barrios de clase obrera que ha llevado a continuos disturbios por hambre.

La juventud, la clase obrera y las clases medias-bajas que se manifestaron contra el capitalismo en sus millones el año pasado, están hoy enfrentando todo el peso de las políticas antisociales del gobierno de ultraderecha del presidente Sebastián Piñera y toda la "izquierda" parlamentaria.

En una declaración hecha a principios de marzo, el ministro de Salud Jaime Mañalich planteó que el sistema de salud podría no ser capaz de manejar los casos de coronavirus una vez que pasen los 100.000. Pero el ministerio no hizo nada para contener el virus. No introdujo medidas estrictas de cuarentena, no aplicó un bloqueo en todo el país, no amplió las pruebas, no amplió el rastreo de contactos, ni ordenó el cierre del trabajo no esencial - todas las medidas aconsejadas por la OMS. Tampoco aumentó significativamente el presupuesto de atención de la salud para hacer frente a décadas de falta de recursos y personal.

Por el contrario, el gobierno adoptó una política criminalmente imprudente de cuarentena "dinámica", lo que significó dejar que la enfermedad se propagara y luego poner en cuarentena y fuera de ella a una comuna, una provincia y ahora una región sobre la base de criterios poco claros. La política homicida de cuarentena "dinámica" de Mañalich, que ha condenado a incontables miles de personas a la enfermedad y la muerte, fue una maniobra calculada para impedir durante el mayor tiempo posible que se destinaran recursos financieros al debilitado sistema de salud y a medidas sociales de emergencia para ayudar a la población afectada por la pobreza.

Introducir las recomendaciones de la OMS hubiera requerido aumentar en órdenes de magnitud el gasto público, algo excluido en el tan alabado sistema de "mercado abierto" de Chile, que funciona esencialmente saqueando la riqueza social históricamente acumulada y creada colectivamente por las masas trabajadoras y poniéndola a disposición del capital financiero internacional. La atención hospitalaria, la educación, las pensiones y la seguridad social no son derechos sociales, sino mercancías que se compran y se venden en el mercado.

Ahora, con una contracción de hasta un 4,5 por ciento prevista para el año 2020 debido al deterioro de la demanda mundial de las exportaciones chilenas y a una fuerte reversión de los flujos de capital, Piñera recibió del FMI una línea de crédito flexible de 24.000 millones de dólares en dos años. Se puede predecir con seguridad que esto no se utilizará para aliviar las dificultades de las masas, sino para salvar a las grandes empresas y garantizar la liquidez.

La tasa oficial de desempleo para el trimestre de febrero-abril alcanzó el 9 por ciento, la más alta en 10 años. Esto se debió a la caída de la demanda de las industrias minorista, agrícola, pesquera y manufacturera.

Sin embargo, otra estimación reveló que si se combinan los totales de a) los desempleados que buscan activamente trabajo, b) los que no lo buscan y c) los que reciben un seguro de indemnización por despido, la cifra real de desempleo se acerca más al veinticinco por ciento de la fuerza laboral nacional, la más alta desde la depresión de 1982.

Capas enteras de postgraduados y la clase media profesional han perdido sus trabajos o sus salarios se han reducido a la mitad. Las inmobiliarias de alquiler han reducido sus precios hasta en una cuarta parte durante un máximo de seis meses en "promociones Covid" para tratar de atraer a los arrendatarios, ya que los apartamentos de alquiler desocupados proliferan en Santiago y otras ciudades regionales.

Muchos miles de personas se están mudando de nuevo con sus padres, familias extensas o en arreglos de convivencia. Las familias se están mudando con otras familias para reducir los costos de los servicios públicos y otros gastos. Varias familias de San Pedro de La Paz, cerca de la ciudad meridional de Concepción, se han refugiado en bloques de edificios abandonados declarados inhabitables después de que el terremoto de 2010 causara daños estructurales.

Los bancos, mientras tanto, siguen cobrando a tasas completas las deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamos estudiantiles e hipotecas. Para colmo de males, el Banco Estado confiscó un risible fondo de emergencia de 65.000 pesos (US$800) del gobierno para pagar deudas de cuentas personales, mientras que se espera que las tan cacareadas canastas de alimentos prometidas por el gobierno a 2,5 millones de indigentes lleguen a las familias elegibles en un indefinido "futuro cercano", y no hoy cuando más lo necesitan.

Dos estudios separados informaron que en las comunas más pobres de la clase obrera la gente va a trabajar a pesar de estar enferma con el coronavirus. Un estudio conjunto de la Universidad de Chile y el Colegio Médico encontró que el 15,2 por ciento de las personas con COVID-19, el 24 por ciento de las personas con sospecha de tener la enfermedad y el 43,6 por ciento de las personas con síntomas seguían yendo a trabajar. De no ser así, sus familias se verían condenadas a padecer hambre, ya que el Estado no ha prestado ninguna ayuda sustancial en un país en el que la mayoría se ha visto empujada a la pobreza.

Las protestas que estallaron el 18 de mayo contra el creciente desempleo, la pobreza, la falta de vivienda y el hambre han continuado en todo el país mientras las comunidades de la clase trabajadora se enfrentan al tercer mes del brote de COVID-19 en Chile. Decenas de residentes han seguido reuniéndose en El Bosque con barricadas y realizando protestas junto con Cerro Navia, San Bernardo en la Región Metropolitana y en las regiones periféricas.

La realidad del mercado abierto se expresa con la misma nitidez en la atención sanitaria. Una encuesta realizada el mes pasado por el Colegio Médico encontró que el 75 por ciento de los equipos de salud carecían de EPP: máscaras N95 (62,71 por ciento), cubiertas visuales (51 por ciento), petos (34,35 por ciento), mascarillas quirúrgicas (33,39 por ciento) y guantes (15,78 por ciento).

El Colegio de Enfermeros también publicó los resultados de una encuesta realizada a principios de mes, en la que se determinó que el 39,2 por ciento de los encuestados informaron de que había enfermeras en cuarentena en su centro, el 60,5 por ciento de los centros no proporcionaban personal de reemplazo y el 72 por ciento del personal no tenía acceso a la RCP u otras pruebas rápidas.

El 89 por ciento declaró que no tenía acceso a uno o más artículos de EPP durante su trabajo diario, entre los que se encontraban la máscara N95 (61,4 por ciento), botas (51,5 por ciento), protectores faciales (37 por ciento), mascarilla quirúrgica (36,9 por ciento), delantal desechable (35,4 por ciento) y gel con alcohol (29,9 por ciento). Por último, y lo que es más condenatorio, el 63,7 por ciento no tenía en su establecimiento programas de apoyo a la salud mental dirigidos exclusivamente al personal de salud.

El Ministerio de Salud informó que hay 3.707 funcionarios de salud infectados con el coronavirus y están en cuarentena hoy. Desde el 3 de marzo, 12.051 trabajadores de la salud pública han sido infectados con COVID-19 o han tenido que entrar en cuarentena preventiva. Esto se reduce a 4.882 trabajadores infectados y 7.169 en cuarentena. En las clínicas privadas 1.958 empleados han sido infectados y 3.158 han tenido que entrar en cuarentena preventiva.

En las condiciones actuales, el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que 11.970 morirán a finales de agosto. Sin embargo, estos cálculos no tienen en cuenta la propagación del virus y la tasa de mortalidad en un entorno en el que el sistema hospitalario del país está al borde del colapso. Esta es la situación actual, con el 84 por ciento de los ventiladores mecánicos de la nación en uso, incluso cuando las clínicas privadas se niegan a aumentar su cuota de camas críticas y ventiladores.

La semana pasada se informó que el sistema hospitalario del Gran Santiago, con más de 7 millones de personas, estaba saturado y los pacientes estaban siendo trasladados a otras regiones. Es decir, la región con el sistema de salud más importante y más grande del país casi se derrumbó, alcanzando el 95 por ciento de ocupación. La zona sureste, la más presionada, ya ha alcanzado la sobrecapacidad, seguida de las zonas central y occidental con 97 por ciento, la norte con 95 por ciento, la sur con 94 por ciento y la este con 92 por ciento.

Esto ha creado un caos en el sistema hospitalario. Los operadores de ambulancias protestaron después de tener que esperar más de 15 horas con pacientes sospechosos de tener COVID-19. Los pacientes han tenido que esperar durante horas en camillas. El personal ha recibido instrucciones de suspender las cuarentenas preventivas por COVID-19 antes de tiempo y volver al trabajo. Los descansos para almorzar se han reducido a 15 minutos, y se ha instruido al personal para que reutilicen las máscaras durante tres días. Las protestas por la falta de equipo de protección y la insuficiencia de camas de UCI han estallado en varios hospitales; los pacientes en las carpas de campaña se ven obligados a esperar de tres a cuatro días antes de ser admitidos en una sala de UCI.

Ningún paciente pudo ser transferido al segundo sistema hospitalario más grande de la región de Valparaíso ya que, también, casi alcanzó el punto de saturación la semana pasada. Además, al menos 1.100 empleados del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso no han recibido salarios en los últimos dos meses.

Valparaíso ha registrado diariamente entre 100 y 150 casos de infección en la última semana, con un total de 3.164 casos, lo que la convierte en la segunda zona más infectada del país. La profesión médica ha abogado durante semanas por medidas de confinamiento más estrictas en la región y especialmente en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar debido a sus grandes campamentos.

Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, advirtió que si el virus se extiende, la zona "vivamos una tragedia de proporciones". Hay "decenas de miles de viviendas pegadas unas con otras, con acceso reducido a servicios básicos y con un gran número de personas mayores en su interior, muchas de las cuales tiene problemas de movilidad o están postradas", dijo.

"Yo entiendo que las cuarentenas generan problemas adicionales, pero me parece que la prioridad hoy es evitar que la gente se muera. Y si no actuamos en concordancia, los decesos van a seguir aumentando allí en forma exponencial", dijo el Dr. Cruz.

Según el último informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el 82 por ciento de las camas de la UCI están hoy ocupadas en la región de Antofagasta. Aunque a diferencia de muchas otras regiones puede duplicar el número de camas críticas en circulación, debido a un alijo almacenado en el antiguo hospital regional, el portavoz del Colegio Médico, Dr. Hugo Benítez, advirtió que el sistema de salud aún podría colapsar "si se levanta la cuarentena y los casos comienzan a aumentar".

Antofagasta, una de las principales regiones mineras del país al norte de Santiago, tiene el tercer número más alto de casos confirmados. La cifra, 2.862, se ha más que triplicado desde que se aplicó tardíamente una cuarentena total el 3 de mayo, cuando ya había 740 casos.

A pesar de esto, Mañalich anunció la semana pasada que levantará la cuarentena. Esto no tiene nada que ver con consideraciones sanitarias, sino con los intereses de las empresas mineras, que quieren reanudar varios nuevos proyectos de minería de cobre suspendidos en marzo tras el brote del coronavirus en Chile. Las operaciones regulares a cielo abierto han continuado durante todo este período.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de mayo de 2020)