El MAS, los sindicatos y el régimen golpista acuerdan sofocar la revuelta de los trabajadores bolivianos

por Tomas Castanheira
24 agosto 2020

Después de más de 10 días de cortes de ruta y protestas por parte de los trabajadores y campesinos bolivianos, el Movimiento al Socialismo (el MAS, el partido del presidente depuesto Evo Morales), alcanzó un acuerdo con el régimen golpista de Jeanine Áñez.

El jueves pasado, Áñez promulgó una ley que requería que las elecciones tuvieran lugar el 18 de octubre. El MAS y las organizaciones que encabezan oficialmente las protestas, la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos sociales dentro del Pacto de Unidad, demandaron después la desmovilización de los cortes de ruta, a pesar de la oposición de los trabajadores y campesinos que se habían volcado a las calles.

Las manifestaciones estallaron el 28 de julio, en rechazo al anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un tercer aplazamiento de las elecciones generales, que por entonces estaban previstas para septiembre. En una manifestación masiva en El Alto, un distrito con tradiciones obreras militantes en la región de La Paz, los manifestantes votaron hacer cortes de ruta si el TSE no revertía su dictamen.

Mineros de cooperativa se unen al bloqueo en Cochabamba-Oruro [Twitter]

El gobierno de Áñez ignoró la advertencia, y una semana después empezaron los cortes de las principales rutas del país, el 3 de agosto. De manera provocadora, el mismo día el TSE decidió establecer el 18 de octubre como la fecha de las elecciones.

La respuesta cínica y violenta del gobierno a las protestas, negando responsabilidad política al tiempo que promueve una intensificación de la represión, desencadenó un descontento aún mayor en la población.

En la segunda semana de cortes de ruta se produjo una intensificación de la crisis social y política. El Estado militarizó las principales ciudades bolivianas, arrestó a manifestantes y encubrió de manera criminal los ataques violentos de bandas fascistas contra los manifestantes. Al mismo tiempo, nuevos sectores sociales iban entrando en la lucha, y la demanda de la caída inmediata del régimen ganó cada vez más popularidad.

El martes y el miércoles, el 11 y el 12 de agosto, se informó de que miles de mineros se unieron a los cortes de la ruta que conecta Oruro con Cochabamba, y que demandaban la renuncia de Áñez. En otros lugares, trabajadores, campesinos y jóvenes se preparaban para resistir los ataques armados contra las protestas.

También el 12 de agosto, estalló la lucha de los trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) de la ciudad de Cochabamba, donde permanecían en pie más de 50 cortes de ruta. Se oponían a la designación de una nueva gerencia y a amenazas de privatizar la empresa.

Los trabajadores del saneamiento intentaron ocupar el ayuntamiento y la policía los reprimió. Según El Debra, estalló una confrontación en la que "escobones prendidos con fuego volaban de un lado mientras los policías respondían con gases lacrimógenos".

La continuación de estas manifestaciones amenazó no solo al gobierno de facto, sino al propio orden burgués en Bolivia. Actuando para desmovilizar a las masas en las calles, el MAS demostró ser una vez más un representante directo de los intereses de la clase gobernante.

Al mismo tiempo, Morales y Luis Arce, el candidato a la presidencia por el MAS, atacaron públicamente la demanda popular de la caída de Áñez como una política que beneficiaría a la derecha.

La ley electoral redactada en la Asamblea Legislativa por el MAS, Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano, y firmada al día siguiente por Áñez, fue vista por los trabajadores y campesinos como un acuerdo sucio. Esto quedó claramente expresado en la respuesta desesperada de los sindicatos y las organizaciones sociales, que intentaron esconder su complicidad en la traición de las protestas de masas.

La COB y el Pacto de Unidad, que habían anunciado el día anterior que si las elecciones se aplazaban una semana, al 11 de octubre, "inmediatamente nosotros nos desmovilizamos", se hicieron los sorprendidos por el acuerdo que firmó el MAS "a nuestras espaldas".

En palabras del secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi: "La COB y el Pacto de Unidad nunca han traicionado y jamás van traicionar a su pueblo. Hoy hemos sufrido una traición y eso tienen que conocer el pueblo y los movilizados… No pueden confundir esta lucha social con una lucha político electoral".

No tuvieron las agallas de confrontar a las bases y declarar una suspensión inmediata de los cortes de ruta. Sin embargo, esa noche, la sede de la COB en La Paz sufrió un ataque terrorista con bomba. Seis sospechosos fueron arrestados por la policía, que supuestamente llevaban material explosivo consigo. No había nadie en el lugar y los daños aparentemente no revistieron importancia.

El viernes 14 de agosto, usando la justificación de evitar ataques de la ultraderecha contra los manifestantes, Huarachi declaró una "tregua momentánea", exigiendo la desmovilización de las manifestaciones. También intentó disputarse con Áñez el crédito por la "pacificación" del país, declarando que, como cuando el golpe de noviembre de 2019, la dirección de la COB era la "verdadera pacificadora".

Con esta declaración, la dirección de la COB estaba pidiendo el reconocimiento por parte de la clase gobernante de su papel en la contención del movimiento de masas y bloquear una respuesta política independiente de la clase trabajadora.

La COB reconoció la legitimidad del golpe contra Morales, brindando un encubrimiento civil de las acciones militares, y saboteó una huelga general de la clase trabajadora, que quería resistir al ascenso del nuevo régimen, abriendo así el camino al poder de las fuerzas más derechistas de la burguesía boliviana apoyadas por el imperialismo estadounidense.

Un papel similar lo desempeñó el propio MAS. Ante las demandas del ejército, Morales se retiró sumiso de la presidencia e intentó abrir conversaciones con el régimen golpista con la mediación de la Iglesia Católica, la Unión Europea y la ONU. A las masas, que resistían en las calles, el MAS les pidió que "abandonaran sus posiciones" en nombre de pacificar el país y convocar nuevas elecciones, mientras eran masacrados por las tropas comandadas por los dirigentes golpistas.

La traición más reciente del MAS y la COB los ha desprestigiado aún más ante la clase trabajadora, lo que ha llevado a una manifestación masiva en su ausencia en El Alto el viernes pasado, que fue acompañada por otros movimientos campesinos y sindicatos que intentaron mantener una cierta legitimidad ante las bases.

Los miles de manifestantes presentes en la congregación anunciaron su voluntad de continuar la lucha para derrocar a Áñez. Hasta este martes, se vieron cortes de ruta aislados en Cochabamba, que desafiaban órdenes sucesivas de diferentes "autoridades" dentro del movimiento.

En contraste con lo que dijo Huarachi, dejar las calles no protegerá a los trabajadores de los ataques de las fuerzas ultradechistas, sino que los hará aún más vulnerables a ellos.

Un proyecto de ley presentado en los últimos días por la jefa de la bancada del MAS en el parlamento, Betty Yañiquez, para proteger a los dirigentes de los cortes de ruta de ser enjuiciados con cargos criminales, fue ridiculizado por los partidos burgueses en su conjunto, incluyendo a representantes del propio MAS. La clase dirigente no está preparando una amnistía, sino una escalada de la represión.

Veintitrés personas arrestadas durante las manifestaciones están siendo retenidas en espera de juicio, y se las investiga por sedición, levantamiento armado y terrorismo. Según el viceministro del Interior, Javier Issa, el fiscal público convocará a muchas más personas y crecerá el número de presos.

El gobierno tiene la intención de acusar a estas personas, así como a los dirigentes de la COB, y al propio MAS, incluyendo a Morales y a Arce, por la muerte de cerca de 40 pacientes de COVID-19, supuestamente ocurridas a causa de la escasez de oxígeno en hospitales como consecuencia de los cortes de ruta.

Al mismo tiempo, Issa declaró que la "época de tranquilidad" inaugurada por el levantamiento de los cortes de ruta servirá para implementar una reactivación económica y "sobrellevar el daño que estas medidas provocaron". Esta reactivación incluye planes para relajar las leyes laborales e implementar despidos masivos, al tiempo que amenaza con profundizar la crisis de COVID-19.

Según las cifras oficiales, ya hay más de 100.000 infectados y 4.000 muertos. Dada la pobreza masiva de Bolivia, el estado atrasado de su sistema de atención médica y una de las tasas más bajas de tests en América Latina, las verdaderas cifras son sin duda más altas.

Es inevitable la explosión de nuevos conflictos sociales en Bolivia en el período siguiente. El éxito de la clase trabajadora boliviana depende de su movilización como fuerza política independiente, abiertamente hostil a los sindicatos y las organizaciones que intentan subordinarlos a la burguesía e imponer una agenda nacionalista a su movimiento. Encontrarán un fuerte apoyo en sus compañeros trabajadores de Latinoamérica y del mundo, que están entrando en una lucha directa contra el capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el 20 de agosto de 2020)