Los contagios de COVID-19 se extienden rápidamente en España en medio de la pasividad del gobierno

por Alice Summers
25 noviembre 2020

Decenas de miles de personas siguen contagiándose por coronavirus en España todos los días. A pesar del leve descenso de la cantidad de casos diarios registrados, las tasas de infección siguen siendo extremadamente altas: 15-20.000 por día, según estadísticas oficiales.

España acumula cerca de 1,6 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Superó el millón de casos el 21 de octubre; en un lapso de apenas 20 días, el total de casos se incrementó un 50 por ciento, alcanzando 1,5 millones el 17 de noviembre.

Personas transitan un bulevar en Barcelona, España (AP Photo/Emilio Morenatti)

El martes pasado, España informó de 435 muertes por el virus en un período de 24 horas, las cifras diarias de mortalidad más altas del otoño. Entre 250 y 400 personas han estado muriendo por COVID-19 en España cada día a lo largo de las dos últimas semanas. A finales de la semana pasada, la tasa de incidencia acumulada de 14 días permaneció en 436 por 100.000 habitantes, un descenso respecto a principios de noviembre, cuando este indicador clave estaba en 529.

A pesar de estas peligrosamente altas cifras, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos se ha negado a tomar las medidas necesarias para contener el virus, imponiendo sólo medidas limitadas e ineficaces de toques de queda, y algunas regiones del país incluso han empezado a reducir las restricciones.

Después de implementar cierres limitados en octubre en el sector de la hostelería y el ocio para combatir la pandemia, el gobierno catalán anunció el jueves pasado que las restricciones regionales empezarían a relajarse. Esta semana, bares y restaurantes podrán reabrir al 30 por ciento de su aforo y con la obligación de cerrar a las 9:30 PM. A cines, teatros y locales similares también se les permitirá volver a abrir al 50 por ciento de su aforo regular.

Aunque el número de los casos reportados en Cataluña ha empezado a declinar gradualmente, miles de infecciones todavía se están produciendo cada semana. En la semana del 17 de noviembre, se descubrieron 13.907 casos solo en esta región, con 414 muertes a causa del virus. Ha habido pocos cambios en el número de pacientes de COVID-19 ingresados en hospitales, con 2.402 admisiones durante este período, comparadas con las 2.661 y las 2.720 de las que se informó durante las dos semanas anteriores.

Es más, la proporción de tests de COVID-19 que dan positivo está en el 7,75 por ciento, lo que quiere decir que el virus está lejos de estar controlado en Cataluña. Según criterios publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo, una tasa positiva de menos del 5 por ciento es un indicador de que la epidemia está bajo control en un país.

En España, la tasa media de positivos por coronavirus es del 11,9 por ciento, y se eleva al 17 por ciento o más en cuatro comunidades: Andalucía, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Una tasa de positivos así de alta indica que probablemente muchos casos no están siendo detectados.

Mientras tanto, la proporción de camas de hospital en Unidades de Cuidados Intensivos ocupadas por pacientes de coronavirus está en más del 30 por ciento en España y más del 50 por ciento en Aragón, Melilla y La Rioja. La gran mayoría de las provincias españolas se considera que están en un “riesgo extremo” —el nivel más alto— según el propio marco de cuatro niveles del gobierno.

A finales de octubre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, declaró el estado de alarma, permitiendo que los gobiernos regionales implementen medidas para confinar áreas con altas tasas de infección. También se impuso un toque de queda en todo el país de las 11:00 PM a las 6:00 AM, que las autoridades regionales podrían ajustar en hasta una hora en los dos extremos. El estado de alarma se aprobó inicialmente para 15 días, antes de ser extendido a mayo del año que viene por una votación en el Congreso de los Diputados.

El martes pasado, muchas de las 17 comunidades autónomas españolas declararon que mantendrían sus fronteras regionales cerradas hasta finales de noviembre o principios de diciembre, después de cerrarlas inicialmente por breves lapsos a finales de octubre. Estas medidas impiden que la gente entre o salga de esas zonas a no ser que tengan razones autorizadas para ello, tal como trabajo, cita con el médico o el cuidado de personas dependientes. Todas las regiones españolas excepto Galicia, Extremadura, Islas Baleares e Islas Canarias han impuesto ahora algún tipo de confinamiento perimetral.

En Madrid, sin embargo, las medidas de confinamiento regional tendrán vigor solo durante diez días, entre el 4 y el 13 de diciembre, lo que abarcará los festivos del 7 y 8 de diciembre, cuando gran cantidad de españoles normalmente estarían viajando para visitar a parientes y amigos en todo el país.

Tales medidas limitadas son completamente inadecuadas para contener la expansión del virus y salvar vidas. El gobierno del PSOE y Podemos ha descartado ordenar confinamientos en los hogares o cerrar lugares de trabajo y escuelas. Ello obliga a trabajadores y niños a viajar en un transporte público abarrotado y a juntarse en instalaciones donde las medidas de higiene y de distanciamiento social son inexistentes, lo que crea las condiciones perfectas para la transmisión continuada del virus.

Para facilitar estos esfuerzos por mantener a los trabajadores en sus lugares de trabajo y a los niños en las escuelas sin que importe el riesgo para su salud y su vida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido Popular, anunció la semana pasada que la Comunidad iba a presentar al público las “cartillas COVID”. Estos documentos incluirán el historial médico de cada persona referidos al virus, incluyendo los resultados de tests PCR y tests de anticuerpos, para demostrar si ha sido infectada con coronavirus y es por lo tanto supuestamente inmune.

Tales “pasaportes de inmunidad” fueron condenados por la Organización Mundial de la Salud cuando se los propuso por primera vez durante las primeras semanas de la pandemia, debido a su carácter anticientífico y discriminatorio. Todavía no hay pruebas que indiquen que los que han sido infectados con el virus una vez y tienen anticuerpos tengan cualquier inmunidad duradera o fuerte a este ni que sean incapaces de portar el virus y pasárselo a otros.

Hay una oposición generalizada a estos intentos por obligar a un “regreso a la normalidad” en todo el país. Según un sondeo realizado por el diario El País, la mayoría de los españoles apoya medidas más estrictas de confinamiento para contener la expansión del virus. El sondeo, basado en entrevistas con 2.000 personas, mostró que más de seis de cada diez (el 61,2 por ciento) apoyaría una segunda cuarentena si ayudara a contener la pandemia. Mientras tanto, el 72 por ciento de los encuestados dijeron que las medidas para proteger la salud deberían primar sobre la economía.

Casi el 80 por ciento de los encuestados cree que la pandemia ha agravado la desigualdad económica en España.

El impacto económico en la clase trabajadora ya ha sido devastador. Con otros millones de trabajadores que se han quedado sin empleo y sin apoyo financiero al llevar a cabo los empleadores una masacre laboral, muchas familias en España han sido incapaces de permitirse las necesidades básicas para la vida.

Según la organización caritativa Federación Española de Bancos de Alimentos (FEBA), el número de familias obligadas a depender de la ayuda alimentaria de su organización ha aumentado en cerca de un 70 por ciento desde que empezara la pandemia.

El portavoz de la FEBA, Ángel Franco, declaró que la pandemia había “agravado” significativamente la dependencia de bancos de alimentos, la cual incluso antes del estallido de la pandemia ya era muy alta. “En el 2019 teníamos 1.050.000 beneficiarios”, dijo, “cuando terminó el [primer] estado de alarma [en junio] llegamos a 1.500.000, y calculamos que vamos a cerrar diciembre con 1.800.000”. La FEBA predice que entregarán 192 millones de kilos de comida este año, en comparación con los 145 millones en 2019.

De manera semejante, Miguel Ángel Rodríguez, el director de comunicaciones de la Cruz Roja española, dijo que “tras la declaración del estado de alarma [en marzo], pusimos en marcha un programa de respuesta al Covid-19 y ya hemos atendido a 2.700.000 personas, la gran mayoría por necesidad de comida. La demanda se ha quintuplicado desde el comienzo de la cuarentena. El reparto de alimentos se está disparando y el 75 por ciento de los que han acudido a nosotros en 2020 son nuevos usuarios, nunca habían recurrido a las ONG [organizaciones no gubernamentales] para pedir ayuda, ni a la nuestra ni a ninguna otra”.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de noviembre de 2020)

 

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